El duelo como consecuencia de la pérdida de un ser querido se apoderó nuevamente de la familia Barrios del estado Aragua. El 15 de diciembre de 2012 fue asesinado el noveno integrante de la familia, Jorge Antonio Barrios Ortuño, de 24 años de edad, mientras se transportaba en una moto en el sector El Huete de ciudad de Cagua, Estado Aragua.La violencia que desarrollan grupos armados civiles es una consecuencia directa de la ausencia de Estado y de la falta de justicia. Quienes participan en estos hechos prosiguen con sus crímenes porque confían plenamente en que sus actos contarán con la impunidad.
Estos crímenes han ocurrido aun cuando esta familia desde el año 2004 tiene medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de un Tribunal Nacional y además es un caso con una sentencia de la Corte Interamericana, emitida en noviembre de 2011, en la que se condena al Estado venezolano por la violación al derecho a la vida, integridad personal, derechos de protección a niños integrantes de la familia; derecho a la circulación y residencia, garantías y protecciones judiciales, así como por no prevenir y sancionar la tortura.
Lamentablemente, ninguna diligencia ni en el ámbito nacional ni en las instancias internas ha logrado detener la violencia contra la familia Barrios.
En la sentencia del caso Barrios, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reseña como parte del contexto en Venezuela el accionar de grupos parapoliciales en el país y en especial el grave esquema de casos de ejecuciones extrajudiciales. Este fenómeno está íntimamente ligado a la impunidad generalizada que caracteriza a la administración de justicia en el país.
La violencia que desarrollan grupos armados civiles es una consecuencia directa de la ausencia de Estado y de la falta de justicia. Quienes participan en estos hechos prosiguen con sus crímenes porque confían plenamente en que sus actos contarán con la impunidad. Investigaciones débiles que se inician con la pérdida de evidencia, el planteamiento de la única línea de investigación de comprobar la muerte pero no las responsabilidades y el contexto de amedrentamiento que se instaura contra testigos y denunciantes, son algunos de los mecanismos de impunidad que multiplican los crímenes y la violencia en el ámbito de los derechos humanos.
En el año 2011, el Ministerio Público contabilizó ocho mil ochocientos trece (8.813) nuevos casos de violaciones de derechos humanos. De éstos se encuentran 97 % bajo la figura de sobreseimiento o archivo fiscal, y solamente en 3 % de los casos se han presentado acusaciones contra los funcionarios responsables.
En un monitoreo de casos públicos realizado por el Comité de Familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), se registraron 336 casos de enfrentamientos entre enero y octubre de 2012. De estos casos, 281 constituyen presuntas ejecuciones extrajudiciales. En 94% de los casos las víctimas son hombres jóvenes. Mientras quienes denuncian los hechos en más de un 90% son mujeres, madres, hijas, sobrinas, de las víctimas, quienes también sufren acciones de amedrentamiento y hostigamiento por evidenciar lo ocurrido. Estas cifras no sólo cuantifican la dimensión del problema, sino que de manera preponderante visibilizan a las víctimas.
Los nueve asesinatos acaecidos entre 1998 y 2012 de los integrantes de la familia Barrios tienen dos denominadores comunes, el primero que las víctimas habían sido testigos de los actos de amedrentamiento o incluso de los asesinatos de sus familiares y habían denunciado los hechos y el segundo elemento que se encuentra en todos los casos es la impunidad institucionalizada.
Si el Estado está sinceramente interesado en mejorar la situación de los derechos humanos del país y minimizar la violencia, una acción inmediata es tomarse en serio la justicia. El castigo a los responsables de los crímenes cometidos y la reparación de las víctimas son pasos ineludibles para ampliar y ganar espacios democráticos. (28.01.13, Foro Por La Vida)
