Las autoridades venezolanas deben realizar una investigación independiente, objetiva e imparcial para esclarecer lo ocurrido en el Centro Penitenciario Región Centro-Occidental ubicado en Uribana, estado de Lara el 25 de enero del 2013.
Según el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, sus autoridades y la Guardia Nacional Boliviariana llevaron a cabo, el viernes pasado, una requisa en la cárcel de Uribana en un intento de desarmar a la población carcelaria. La operación resultó en por lo menos 58 muertos y 90 heridos, muchos de ellos con heridas de bala.
Es inaceptable que una requisa, que debería ser un operativo de rutina, lleve a tanta violencia. Esto claramente demuestra – una vez más – la crisis del sistema penitenciario en Venezuela, que ha llegado a niveles sumamente alarmantes.
Amnistía Internacional ha alertado en varias ocasiones a las autoridades venezolanas sobre la urgencia de atender la grave situación en la que se encuentran las cárceles. Lamentablemente, hasta que no se tomen medidas de fondo que atiendan a todos los problemas asociados al sistema penitenciario, estos sucesos seguirán repitiéndose.
En julio de 2011, el gobierno instituyó el Ministerio de Servicios Penitenciarios para buscar una solución al problema del sistema carcelario, que va desde el hacinamiento crónico y la falta de acceso a atención médica adecuada, hasta las demoras extremas en la administración de justicia y la inexistencia de un sistema independiente de inspección de centros penitenciarios.
A pesar de la creación de este órgano, hubo por lo menos 450 muertos y 860 heridos en las cárceles venezolanas en 2012. Los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Uribana – donde 2135 presos vivían en un espacio diseñado para 850 internos, según fuentes locales – ejemplifica el nivel de la crisis en el sistema penitenciario del país.
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció que la Fiscal General abriría una investigación sobre los hechos. Las autoridades venezolanas deben investigar los hechos ocurridos, identificar a los responsables y establecer si las fuerzas de seguridad han utilizado la fuerza de manera desproporcionada.
Amnistía Internacional vuelve a instar a las autoridades venezolanas a tomar acciones urgentes para enfrentar esta situación que sigue deteriorándose. Es imprescindible que se pongan en práctica medidas para resolver con celeridad procesos judiciales de reclusos y garantizar que todos los centros de reclusión del país cumplan con estándares básicos en términos de infraestructura, personal y recursos necesarios para lograr el funcionamiento adecuado de un sistema penitenciario.
También es necesario que se tomen acciones concretas para prevenir y sancionar la violencia entre reclusos y las violaciones de derechos humanos por las autoridades penitenciarias. Dicho plan debe incluir medidas para poner fin a la posesión de armas de fuego y explosivos por parte de los reclusos. Se debe además asegurar que se investigue y sancione a los responsables del ingreso de estas armas a las cárceles.
