La aparición de los restos de Noel Rodríguez y la reapertura del expediente del asesinato de Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón” y de otros activistas políticos de las décadas de los 60, 70 y 80, ha sido el gran pretexto para la nueva campaña gubernamental que, como todas, sólo pretende ocultar las violaciones a los DDHH que hoy se cometen y sobre todo lavar el pasado criminal de muchos de sus actuales líderes.
Tratando silenciar estas realidades, el gobierno recurre al espectáculo mediático para entregar los restos de Noel en la Asamblea Nacional, la misma asamblea donde el diputado del partido oficialista Roger Cordero, les recuerda tenazmente a los familiares de los asesinados en la masacre de Cantaura, que la impunidad para la élite gobernante sigue siendo la norma.
Asimismo el gobierno auspicia y apoya al actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín cómplice del brutal policía Henry López Cisco en la masacre de El Amparo y Los Amparitos, hechos sancionados desde 1994 por la CIDDHH, gracias a la perseverancia de PROVEA. Pero, para que no quede duda del apoyo político e institucional a la impunidad, la Fiscalía General apertura un juicio penal contra esta ONG y contra Homo Et Natura, por defender los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá, donde las comunidades de la zona solo han recibido de este gobierno, de su ejército y de los terratenientes, represión, asesinatos y prisión.
Los voceros oficiales se lavan la cara con la llamada “Comisión de la Verdad”, pero encubren vergonzosamente a los militares que masacraron al pueblo de Caracas en febrero-marzo de 1989, muchos de ellos altos dirigentes del gobierno actual, y criminalizan la labor de COFAVIC, organización que a lo largo de más de 20 años acompaña a estas víctimas en su lucha por acceder a una justicia que aún no llega.
Resulta decadente que, usurpando la figura de Nohel Rodríguez, la fiscal se llene la boca enarbolándose como defensora de DDHH y mire para otro lado cuando caen abatidos –en menos de 24 horas- más de sesenta venezolanos en una requisa carcelaria gracias a la nefasta gestión de su colega, la Ministra Iris Valera. Todavía los familiares de las víctimas de la masacre de Uribana siguen exigiendo información sobre el destino de los reclusos desaparecidos, sin que ninguna autoridad oficial sancione la más sanguinaria acción genocida cometida por gobierno alguno en la historia penitenciaria de este país.
Pero los hechos son testarudos. Más allá del despliegue mediático y del rimbombante discurso oficial, la brecha de la impunidad se extiende lacerando la vida de incontables venezolanos asesinados, extorsionados o secuestrados impunemente por los cuerpos policiales y militares, lo cual prueba fehacientemente la verdadera esencia militar-policiaca de un Estado- gobierno forajido. Esto no podrán ocultarlo utilizando como moneda de cambio la memoria de los hombres y mujeres que ayer lucharon por una sociedad de igualdad, trabajo, democracia y de pleno respeto y vigencia de los DDHH.
El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara aún espera de la Fiscalía General un mínimo gesto de atención a las denuncias de cientos de casos de violaciones a DDHH perpetrados bajo el mandato de Luis Reyes Reyes, y por una investigación que revele la autoría intelectual del sicariato contra nuestro compañero Mijaíl Martínez. En esta oportunidad, nos unimos al clamor de la madre del joven liceísta vilmente asesinado el 28.01.2013 por funcionarios de la Policía del municipio Iribarren que, violando el recinto educativo, le propinaron dos disparos por la espalda.
Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas exhortándolas a que colectiva y organizadamente transformemos el duelo privado en protesta social, contra todo intento de silenciar las violaciones a los DDHH que padecemos día a día y que con tanto afán se empeña en ocultar este gobierno que garantiza la impunidad a sus funcionarios, condenando a la mayoría, débiles jurídicos, al sicariato, la muerte “en enfrentamiento”, la criminalización y la cárcel.
