Ya era común leerlo, pero probablemente se afianzará cada vez más la creencia de que durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías “por primera vez en Venezuela un gobierno se dedicó a las necesidades de los pobres”.
Dos miradas distintas del país coexisten desde hace al menos 30 años. El reto es que cada grupo sea capaz de aceptar que la mirada del otro también es verdad y encontrar un camino que tenga el bienestar y los derechos de todos como centro
La narrativa del discurso oficial ha logrado imponer una interpretación de la historia de nuestro siglo XX que disminuye o niega los avances sociales logrados durante la democracia. Si nos remitimos a las estadísticas, los avances fueron incuestionables: la tasa de analfabetismo de la población mayor de 10 años pasó de 48,8% en 1950 a 6,4% en 2001; la tasa de mortalidad en menores de 1 año pasó de 79,7 por cada mil nacidos vivos en 1950 a 17,7 en el año 2000. Ambos indicadores son reflejo de un importante cambio ocurrido en las condiciones de vida de gran parte de la población venezolano. Y este cambio no ocurrió al azar, fue producto de políticas sociales universales e incluyentes que fueron uno de los pilares fundamentales de los primeros gobiernos del período democrático.
Este incremento en las capacidades de los venezolanos, ahora más saludables y más educados, tuvo también su efecto sobre la estructura social: según estimaciones realizadas para 1998, 51% de la población venezolana experimentó movilidad social ascendente. Y aunque la movilidad fue mayor en Caracas y las grandes ciudades, incluso la población rural fue partícipe de este proceso de cambio. Cualquier observador imparcial en los años 70 habría jurado que Venezuela se encaminaba a una sociedad más justa e igualitaria. Pero algo se rompió en los años 80.
En aquel momento el país se encontraba en una situación económica parecida a la de hoy: alto endeudamiento, inflación, devaluación. Habían disminuido, además, los ingresos petroleros y es el gasto social real el que cae para intentar balancear la difícil situación fiscal. La promesa de igualdad de la democracia comienza a hacerse añicos, la construcción de nuevas escuelas públicas cae a mínimos históricos durante la década de los 80 y comienza a disminuir la calidad de los servicios públicos a los que acceden las mayorías. En consecuencia, las estimaciones de movilidad aparece que los nacidos en los años 70 no tienen las mismas probabilidades de ascenso social que las generaciones anteriores.
Pero el sistema político ha perdido la capacidad de escuchar a los que no lograron ser incluidos durante las décadas previas. Pienso que aquí está la raíz de nuestra polarización actual: por una parte, la población incluida, la que cree que la democracia era abierta, igualitaria y ofrecía oportunidades para todos, esa es su verdad (tan cierto como que mi abuela materna vendía arepas y dulces andinos para sostener a sus 5 hijos en Lídice, que ellos salieron adelante estudiando en los liceos públicos de la época y en la UCV, y que yo crecí en un entorno de clase media como Los Caobos. Un cambio enorme en apenas 2 generaciones); por otra parte, la mayoría que siente que era un sistema excluyente, que nunca cumplió sus promesas, que no les dio oportunidades y esa es también su verdad.
Los segundos son quienes se sienten reivindicados durante el gobierno de Chávez, aunque son los primeros quienes ponen los votos para llevarlo al poder en 1998. Desde el inicio, su discurso estuvo orientado a brindar nuevas oportunidades a los desposeídos, pero tardó varios años en concretarse una nueva política social: no es sino hasta 2003 cuando aparecen las misiones sociales para atender las poblaciones excluidas. A pesar de su alta aceptación, no hay información transparente que permita evaluar su cobertura e impacto. Por otra parte, la acción sobre los problemas tradicionales de los servicios públicos de educación y salud no ha sido el centro del gobierno bolivariano, salvo iniciativas puntuales como las Escuelas Bolivarianas o la red de atención primaria Barrio Adentro. Pero las dificultades presupuestarias, de dotación y mantenimiento del resto de la red oficial siguen iguales o se han incrementado. Y esto se refleja hoy en el crecimiento de la matrícula privada en educación básica y de las pólizas de aseguramiento privado para acceder a los servicios de salud. A pesar de la mejoría de los indicadores de desigualdad del ingreso y de pobreza, que son producto de la bonanza petrolera más prolongada de nuestra historia, en medio del socialismo del siglo XXI se fortalece nuestra máquina de generar desigualdades.
Dos miradas distintas del país coexisten desde hace al menos 30 años. El reto es que cada grupo sea capaz de aceptar que la mirada del otro también es verdad y encontrar un camino que tenga el bienestar y los derechos de todos como centro. (Lissette González, Venezuelalbr, 20.03.13)