Los jóvenes aspirantes y participantes de los cursos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista pierden la posibilidad de recibir adiestramiento y formación para el trabajo con la decisión de la directiva de la institución de suspender los programas educativos, que ha dictado en 54 años de funcionamiento.
El rechazo a la medida se ha sentido más en el interior del país. En los estados Lara, Yaracuy y Falcón los jóvenes y sus padres han protestado ante las sedes del Inces para exigir la reanudación de los programas de formación. “Dónde estudiarán nuestros hijos?”, se preguntó Milexa Colmenares en febrero pasado en Lara, cuando manifestaba para que se retomaran las clases para 135 alumnos de educación especial, lo que también afecta a 130 docentes.
El sindicato de trabajadores del Inces denunció que la directiva adelanta el desmantelamiento de la institución mediante el traspaso de sus funciones a los consejos comunales. La decisión pone en peligro el empleo de 19.000 personas.
Carlos Patiño y Carmelo Sánchez, presidente y secretario de organización de Sintrainces, alertaron sobre las declaraciones, el 18 y 20 de febrero, de las gerentes de formación profesional y técnica, Yma Solórzano y Mercedes Martínez.
Los dirigentes citaron las palabras de Solórzano y Martínez y las reprodujeron en un comunicado de Sintrainces: “Ahora abordaremos la formación con un contingente de maestros-pueblo, antiguos facilitadores o instructores… Aquí se debe acabar de ahora y para siempre las llamadas salidas ocupacionales, cursos, los manuales, módulos de formación u opciones formativas”.
Las funcionarias agregaron: “Ahora se formará a los compatriotas a través de proyectos que redunden en beneficios tangibles para el entorno, enmarcados en un trabajo emancipador y no a través de viejos cursos con marcado provecho de los sectores explotadores”.
Sánchez alertó que las comunas planifican y financian la capacitación, y el Inces sólo actúa como supervisor. “Si los proyectos de los consejos comunales vienen con los recursos aprobados por un organismo crediticio ¿a dónde irá a parar el dinero que el Inces recauda de las empresas del país?”, dijo.
Patiño explicó que los empleadores privados aportan al Inces 0,5% de la nómina para que los trabajadores, especialmente los jóvenes ingresen al mercado laboral, pero las autoridades califican el esfuerzo de “explotación capitalista”.
Decisión inconsulta. Sánchez informó que el sindicato ni las otras organizaciones de trabajadores y empleadores del país fueron consultados sobre la medida que “cierra las puertas a los jóvenes, a los trabajadores por cuenta propia, a los empleados públicos, a los privados de libertad y a los discapacitados de poder formarse y mejorar su calidad de vida”.
Añadió que en lo que va de 2013 el Inces no ha dictado un curso, lo cual deja sin trabajo a 11.000 instructores y facilitadores. “Los 8.000 trabajadores de la nómina fija lo que hacen es mirarse las caras porque las actividades están paralizadas, pero temen una decisión ejecutiva con despidos masivos”, indicó.
Suárez insistió en que el cambio radical de la misión y visión del Inces viola los principios del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, Cinterfor, adscrito a la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Los primeros indicios del cambio del Inces vienen de 2012 con la suspensión de cursos y especializaciones. “En julio creamos el frente unido de facilitadores Inces-Falcón para defender nuestro derecho al trabajo y enfrentar la nueva política que distorsiona por completo la misión y visión del instituto”, expresó Serli Álvarez, que comenzó a trabajar en el Inces en 2004 con lo misión Vuelvan Caras. Precisó que el frente está en Zulia, Táchira, Yaracuy y Lara.
Refirió que con el traspaso de funciones a los consejos comunales, la contratación de facilitadores dependerá de las necesidades de proyectos específicos para una comunidad en particular.
“Por ejemplo, un proyecto de reparar las calles no dará cabida a los interesados que vivan en otra comunidad ni a la formación en especialidades distintas a la albañilería”, señaló el instructor.
Dijo que a finales de 2012 el Inces no renovó los contratos a los facilitadores e instructores: los dejó en la calle por lo que van a demandar la institución.
El legado del maestro Prieto
El comunicado del sindicato del Inces señala que el cambio de rumbo en la institución “tira por la borda el legado del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa”, quien impulsó el proyecto de ley que creó el Instituto Nacional de Capacitación Educativa, INCE, el 22 de agosto de 1959.
Prieto Figueroa dijo entonces que la formación tripartita del directorio, con representantes de organismos del Estado, de las empresas y los trabajadores para cumplir la misión del INCE, que en 2008 se convirtió en Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.
Carlos Patiño, presidente de Sintrainces, informó que en los últimos 10 años se ha observado su declive: en 2004 egresaron 500.000 estudiantes, en 2010 bajaron a 180.000 “para llegar a cero en lo que va de 2013”.
Solvencia laboral
Uno de los requisitos para que las empresas obtengan la solvencia laboral del Ministerio del Trabajo es estar al día con los aportes al Inces, lo cual causa inquietud en el sector privado si desaparece la institución porque las empresas necesitan la solvencia para acceder a las divisas. Otra incertidumbre es el futuro de los entes privados de formación delegada por el Inces como Fe y Alegría y Don Bosco. (Ana Díaz, El Nacional, 01.04.13)
