Entre los años 2004 y 2012 se han contabilizado 824 violaciones a la libertad de expresión
Las obstrucciones al trabajo de los periodistas se han radicalizado, y en su mayoría son responsablilidad del Estado
Durante los 8 procesos electorales que se realizaron en Venezuelael país desde 2004 a 2012, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, ONG que monitorea la situación de la libertad de expresión, reportó 824 incidentes sobre violaciones a este derecho.
Del Referéndum Revocatorio Presidencial (2004) a las Elecciones Presidenciales (2012) las obstrucciones a la prensa han mostrado una radicalización, en su mayoría bajo la responsabilidad del Estado, siendo los equipos reporteriles los más afectados.
Aumento desproporcionado
El número de incidentes durante este lapso muestra un incremento de más del 400% mostrando una agudización en contextos electorales. En 2004, ocurrieron en total 44 casos de violaciones la actividad periodística, mientras que en 2012, el número ascendió a 200 incidentes, en todo el año.
En el marco de las elecciones presidenciales del 7 de octubre pasado, IPYS Venezuela reportó 19 casos de agresiones contra la prensa. En 9 de ellos, los obstáculos fueron originados por funcionarios del Plan República y del Consejo Nacional Electoral, en las inmediaciones de los centros de votación.
Las limitaciones a la cobertura periodística del evento electoral fueron los hechos más recurrentes. También, se registraron agresiones, órdenes de destrucción y confiscación del material durante la labor periodística en concentraciones o movilizaciones realizadas como parte de la campaña.
Más garantías, menos riesgos
El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer garantías para que todas las personas puedan disfrutar de forma plena de sus derechos humanos. Esta obligación cobrará especial importancia en las elecciones del próximo 14 de abril.
Esta aspiración exige que las autoridades públicas tomen acciones para que existan las condiciones adecuadas a fin de que periodistas y medios de comunicación puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, con la finalidad de que la actividad informativa se realice sin obstáculos, presiones, ni hechos violentos que lo restrinjan riesgos y para que los ciudadanos puedan acceder a información libre y plural, según lo establecido en la Constitución Nacional.
En la medida que las instituciones públicas asuman estas disposiciones como compromisos fundamentales se podrán disminuir los riesgos y evitar cualquier violación a la libertad expresión e información, en el marco del evento electoral, que convoca a los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación ciudadana, a través del sufragio.
(Mariengracia Chirinos, Conflictove, 08.04.13)
