El 29.10.88, en caño La Colorada, 14 pescadores salieron en búsqueda de alimento, sin embargo, encontraron la muerte a manos de los efectivos del Comando Estratégico José Antonio Páez (Cejap), quienes fueron los ejecutores de la llamada Masacre del Amparo.
Han pasado 21 años de los sucesos y el Estado venezolano no ha logrado hacer justicia con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes. Por lo anterior, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron sus alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar el cumplimiento de la sentencia por parte de Venezuela.
Las dos organizaciones reclaman el incumplimiento de las reparaciones por parte del Estado, una omisión que ha tenido carácter reiterativo al ignorar las ratificaciones del 28.11.02 y 04.06.06 a la resolución emitida por la Corte IDH en 1996. En el documento que presentaron ambas organizaciones se sostiene “El Estado no ha demostrado avances efectivos en relación con la obligación de investigar y sancionar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el presente caso”.
Además, Provea y CEJIL reclaman un trato no discriminatorio e igualitario para las familiares de la víctimas y los dos sobrevivientes de los sucesos de octubre de 1989, en vista que, “Venezuela ha demostrado en los últimos cuatro años voluntad para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarios policiales y militares en la década de los años 80 del siglo XX, lapso en el cual también se produjo la masacre de El Amparo”.
Es contradictorio que el Ministerio Público haya realizado importantes diligencias para aplicar justicia a los responsables de las masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986), y por el contrario, no haga nada al respecto de los sucesos de Caño La Colorada.
“El incumplimiento del Estado con lo dictado en el presente caso constituye no solamente una violación del deber del Estado de cumplir con la resolución de ésta Honorable Corte, sino también una aplicación discriminatoria de la justicia”, afirman las organizaciones. Además, encuentra inexcusable que observando los esfuerzos realizados por las autoridades competentes con respecto a los otros dos sucesos.
Es por eso que las peticiones de Provea y CEJIL ante la Corte IDH son:
- Investigación y sanción para los responsables (materiales e intelectuales) de la masacre de El Amparo.
- Que las víctimas de los sucesos del 29.10.89 reciban un trato igualitario ante la justicia
- Un reunión entre las dos sobrevivientes, familiares de las víctimas y el Estado para que este escuche las inquietudes y sugerencias de los afectados, con la intención de reactivar el diálogo.
