Quien resulte ganador en las elecciones del domingo tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ello implica, entre otros aspectos, garantizar la realización de los derechos humanos establecidos.
En los últimos 14 años hemos tenido una situación en la cual en materia de derechos humanos se produjeron algunos avances, en otros se agravaron situaciones que ya existían y en otros prácticamente hubo un estancamiento.
El avance más importante fue haber logrado una reducción de la pobreza de 100,1%. Un avance fundamenta porque significa menos exclusión en lo social.
Las misiones educativas también produjeron buenos resultados generando mayor inclusión principalmente en el sector universitario con un crecimiento de más de 200%.
La reforma agraria es otra de las políticas públicas positivas, así como haber incrementado el número de adultos mayores favorecidos por políticas de seguridad social.
Junto a esos avances también persistieron situaciones muy graves en materia de derechos humanos. La situación de las personas privadas de libertad es una de las más resaltantes donde en promedio anual un preso diario fue asesinado en las cárceles venezolanas.
Los organismos policiales realizaron cientos de ejecuciones policiales cada año, practicaron la tortura, realizaron desapariciones forzadas en un panorama de alta impunidad.
La crisis permanente en el sector salud principalmente en el área hospitalaria y situaciones negativas en servicios públicos como energía eléctrica y recolección de desechos sólidos, es otro aspecto negativo. Finalmente, el incesante incremento de la inseguridad ciudadana particularmente el aumento de los homicidios, situación que además afecta el disfrute de varios derechos sociales.
El gobierno emprendió una serie de políticas cuyos resultados están aún por verse en cuanto al impacto para revertir situaciones estructurales: La Misión a Toda Vida para enfrentar la situación de inseguridad, la Misión Vivienda Venezuela para asumir el déficit de vivienda, el proceso de promover un nuevo modelo policial para reducir las violaciones a los derechos humanos perpetradas por cuerpos policiales.
Quien gobierne en los próximos años deberá fortalecer aquellas políticas que en materia de derechos humanos han dado buenos resultados. Todo lo referente a las medidas de lucha contra la pobreza. Profundizar la reforma agraria. Seguir avanzando en el campo educativo.
Deberá desarrollar políticas para superar el déficit existente. Prioritario es por ejemplo, todo lo referente a reducir los índices delictivos en el país.
Se deben emprender políticas para incrementar la producción de alimentos, reducir las importaciones y controlar los altos índices de inflación.
Profundizar el proceso de reforma policial e impulsar un modelo policial democrático respetuoso de los derechos humanos.
Todas esas políticas se deberían definir en un Plan Nacional de Derechos Humanos con metas de corto, mediano y largo plazo que surge de un amplio debate nacional y consensos básicos de los actores políticos y sociales del país.