En el mundo no habrá paz, mientras haya explotación
del hombre por el hombre y exista desigualdad
No basta rezar
Alí Primera
El gobierno de Chávez permitió que se cubriera con el manto de la impunidad el asesinato de sindicalistas y trabajadores. Además, a lo largo de los últimos años, en Venezuela se encarceló y enjuició penalmente a quienes realizaron huelgas y protestaron contra la violación de sus derechos. También, y de forma lamentable y sin una justificación coherente con los discursos de reivindicación social expresados por el fallecido presidente Chávez, consecutiva y sistemáticamente el Estado incumplió el deber constitucional de proteger la contratación colectiva y, para colmo, violó sus obligaciones como empleador.
250 sindicalistas asesinados, miles de personas enjuiciadas por efecto de la criminalización a la protesta popular, y millones de trabajadores sin contratación colectiva, convertidos en pedigüeños de las políticas asistencialistas, temporales y paternalistas desarrolladas por el gobierno nacional. Esa es la síntesis, en cifras, de la política laboral en la Venezuela de los primeros 13 años del siglo XXI.
Durante todo este tiempo, PROVEA y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas han reportado los nombres de los sindicalistas y trabajadores asesinados, así como las circunstancias de sus muertes. En la mayoría de los casos, el factor laboral llevado a niveles inusitadamente violentos, gravita como móvil de estos crímenes. Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores del estado Aragua, destacan entre algunas de estas víctimas.
Se ha llevado también un registro con la identificación de las personas detenidas por participar en huelgas, manifestaciones y protestas pacíficas. De ellos, el caso de Rubén González, Secretario General de SINTRAFERROMINERA, evidencia una de las mayores injusticias cometidas. González permaneció detenido durante 18 meses por participar y dirigir la huelga en defensa de la contratación colectiva en la empresa Ferrominera del Orinoco, ubicada en la zona del hierro, estado Bolívar. Actualmente el sindicalista está sometido a régimen de presentación en un tribunal de Puerto Ordaz, mientras que su enjuiciamiento prosigue en el Juzgado 24 de Juicio Penal de Caracas, cuyas audiencias han sido suspendidas injustificadamente por más de 4 meses consecutivos.
Respecto a la contratación colectiva, según el monitoreo de PROVEA, se puede verificar que hubo una cierta constante de discusión y firma de convenciones en el sector privado, durante el período 2000 – 2005. Igualmente, se puede constatar que esta tendencia se mantuvo paralelamente a los movimientos telúricos que afectaron la organización del movimiento sindical en el país. La investigación de PROVEA para el lapso gubernamental siguiente, permite observar que más recientemente, aquella tendencia se revirtió, siendo cada vez menos la cantidad y cobertura de los contratos colectivos negociados y suscritos. No obstante, en la primera y en la segunda gestión de Chávez, lo que sí se mantuvo de forma invariable, fue la negativa de las autoridades gubernamentales a respetar este derecho en el sector de los empleados y obreros del Estado.
Al momento de escribir estas líneas, está cerrada la campaña electoral para elegir nuevamente al Presidente de Venezuela, el próximo domingo 14 de Abril de 2013. En su desarrollo, se tocó tangencialmente el tema laboral, ya que en sus discursos, al menos los principales candidatos se refirieron al salario. Uno de ellos habló de los contratos colectivos pendientes en la administración pública y el Presidente encargado, decretó un aumento escalonado del salario mínimo. Lo que no aparece entre los balances y promesas es la mención a la violencia que afecta la libertad sindical, ni la cantidad de sindicalistas sometidos a juicio por ejercer y defender sus derechos. Menos aún se escuchó hablar de la retaliación laboral de las autoridades gubernamentales, como una de las formas para atacar al sindicalismo.
Un hecho que descolla por lo reciente y el contexto donde se inserta, es la saña utilizada por el Estado para convertir en presuntos culpables de las fallas e ineficiencia de las políticas gubernamentales en el sector eléctrico, a los propios trabajadores de la estatal CORPOELEC. El Presidente encargado dijo en sus discursos durante la campaña electoral que recién terminó, que serían sancionados “los saboteadores del servicio eléctrico en el país”. Hace menos de 24 horas, fueron 8 los trabajadores de la empresa que resultaron detenidos y 1 de ellos fue despedido. Por denuncia recibida en PROVEA, tenemos la información de que fueron aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado, durante varias horas en el SEBIN del estado Barinas. Pero a través de la prensa nacional, según declaraciones del Presidente encargado, se trata de 17 personas las que estarían involucradas en el supuesto saboteo, por lo que podríamos esperar nuevas detenciones.
Esta realidad y los antecedentes reseñados, motivan a PROVEA a hacer un llamado a quien resulte electo en los comicios del próximo domingo, a fin de respetar las libertades democráticas, reconocer los derechos laborales y especialmente, la libertad sindical. Esa actitud es imprescindible para abonar el terreno en función del respeto a los derechos humanos en Venezuela.
