La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida, en el marco del derecho a la participación política reconocido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado, se pronuncia sobre los últimos acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el pueblo venezolano ejerció masivamente su Derecho al voto, lo cual reafirma su vocación democrática.
Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a favor de una opción política. En esta oportunidad dado el estrecho margen de diferencia entre los dos principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias por parte de los actores políticos, presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten justificar la activación de los mecanismos previstos en la legislación nacional para una revisión detallada de los mismos, sin que ello deba ser interpretado como una amenaza a la democracia y la voluntad popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia, especialmente considerando que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la noche del 14 de abril.
Es necesario recordar que en Venezuela existen precedentes jurídicos que establecen que la proclamación de un candidato, no cierra los canales legales para la activación de los mecanismos de revisión de los resultados de un proceso electoral.
Saludamos el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, quien puso a disposición de Venezuela el equipo de expertos electorales de la organización. La asistencia técnica es un mecanismo válido y oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que no puede desestimarse a priori bajo el debatible argumento de la injerencia extranjera, tomando en cuenta que la Carta Democrática Interamericana considera “que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.
Repudiamos las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas, cuya realización solo es posible “una vez existan las condiciones mínimas de seguridad para la realización del acto con absoluta normalidad” (Artículo 440 del Reglamento LOPE). La auditoría ciudadana constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización solo contribuye a sembrar dudas sobre la integridad de los resultados.
Expresamos nuestra preocupación por los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional Electoral.
Por tanto:
1.- Hacemos un llamado a sociedad civil a canalizar sus aportes para la documentación y formalización de denuncias y seguir el proceso de verificación de resultados de manera cívica.
2.- Solicitamos al Consejo Nacional Electoral acoger solicitudes que se formalicen y a darles curso de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, incluyendo la aceptación del ofrecimiento de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos. Igualmente solicitamos al CNE se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas irregularidades arriba mencionadas, que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables las sanciones que dicta el marco legal venezolano.
3.- Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a los responsables del Plan República, a preservar el material electoral, de acuerdo a las responsabilidades que le imponen los artículos 167 y 169 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales.
4.- Invitamos a los partidos políticos y autoridades nacionales a que se establezca el diálogo en un marco de respeto mutuo, como único mecanismo democrático que permita una salida pacífica a las actuales circunstancias que vive Venezuela.
5.- Recordamos que la protesta pacífica es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, exhortamos al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de este derecho y proteger a todas las personas que lo ejerzan.
6.- Solicitamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo prevenir e investigar de manera oportuna e independiente cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los cuerpos de seguridad del Estado abstenerse de la utilización abusiva y desproporcionada de la fuerza tal como lo contempla la legislación nacional. Ello comprende la no intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas prohibidas para el control del orden público en la Carta Magna.
Las organizaciones que conforman la coalición del Foro por la Vida, hacemos un llamado al Estado venezolano al respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar y contribuir a un clima de paz, dialogo, entendimiento y reconocimiento entre los sectores del país.
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi)
Acción Solidaria (Acsol)
Caritas de Venezuela. Comisión de Justicia y Paz
Caritas Los Teques. Justicia y Paz
Centra para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Comité de familiares víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaria de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Rueda de prensa completa del Foro por la Vida:
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Comunicado en inglés:
The Coalition of Human Rights Organizations in Venezuela – FORO POR LA VIDA – within the framework of the right to political participation recognized by the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela and the international treaties subscribed by the State, makes the following statement with regard to the latest events related to the presidential election on April 14, where the Venezuelan people massively exercise their right to vote, which reaffirms their democratic conviction.
For the last few years, Venezuelan human rights organizations have expressed their concerns about the unbalanced electoral campaigns, from the use of national resources in favor of one of the political options. In this opportunity, given the small margin of difference between the two main candidates and reports of more than 3,000 incidents from political stakeholders, a reasonable doubt exist about the consistency in the results that allow and justify activating the mechanisms provided by national legislation for their detailed review, without interpreting this as a threat to democracy or popular will. On the contrary, this is a legal and civic way to resolve the controversy, especially considering that both candidates immediately accepted, voluntarily, this said revision on the night of April 14.
It is important to remember that there are legal precedents on Venezuela that establish that the proclamation of a candidate does not close the legal channels to activate the review mechanisms of the results of the electoral process.
We welcome the offer made by the Secretary General of the OAS, who offered the electoral experts team from the Organization. Technical assistance is a valid and appropriate mechanism in the realm of international relations that cannot be belittled a priori under the contended argument of foreign interference, taking into consideration the Inter-American Democratic Charter considers “that one of the purposes of the OAS is to promote and consolidate representative democracy, with due respect for the principle of non-intervention”.
We repudiate the aggressions against people that were participating in the citizens’ audits, which is possible to do “once there are minimum security conditions to carry it out with absolute normality” (Article 440 of Law on Electoral Processes). The citizens’ audit is an integral part of the electoral process and its obstruction only contributes to create doubts about the integrity of the results.
We express our concerns about the vandalism and attacks against the Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (network of electoral observers), its staff and equipment on April 14 while they were doing verification, as an organization accredited by the Consejo Nacional Electoral (CNE) (National Electoral Council).
We therefore:
- Call upon civil society to canalize their inputs to document and formalize their grievances and to follow the process to verify the results in a civilized way.
- We ask the National Electoral Council (CNE) to receive the petitions that are formalized and to follow the process in the law and to accept the OAS’ offer of technical assistance. At the same time we ask the CNE to investigate the different irregularities included above, that blurred the electoral process and that the responsible people receive the sanctions included in the Venezuelan legal framework.
- We exhort the Bolivarian National Armed Forces, and in particular those responsible for the Plan República, to preserve the electoral material, as per the responsibilities imposed by articles 167 and 169 of the Law on Electoral Processes.
- We invite the political parties and the national authorities to establish a dialogue within a framework of mutual respect, as the only democratic mechanism that will allow a peaceful exit to the current circumstances in Venezuela.
- We remind all that peaceful protest is a human right included in the Venezuelan Constitution and in international human rights treaties. As such, we exhort the Venezuelan State to guarantee the free exercise of this right and to protect all people who exercise it.
- We ask the Public Ministry and the Ombudsman to opportunely and independently prevent and investigate any type of human rights violation and to the security forces to abstain using force in a way that is abusive and disproportionate as it is intended in the law. This includes the no intervention of the military, the use of firearms, violence and the use of tear gas or prohibited toxic substances to control the public order.
The organizations that are part of the Foro por la Vida coalition call upon the Venezuelan State to respect the human rights enshrined in the Constitution to guarantee and to contribute to a climate of peace, dialogue, understanding and acknowledgement among the different sectors in the country.
