El gobierno de Venezuela no debería limitar los derechos de sus ciudadanos a expresar libremente su opinión y reunirse de manera pacífica en el contexto de las controvertidas elecciones presidenciales, señaló hoy Human Rights Watch. Debería además respetar la libertad de prensa, y garantizar que todos los incidentes violentos se investiguen en forma oportuna, exhaustiva e imparcial, indicó Human Rights Watch.
Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor por una estrecha diferencia, manifestó que no permitiría que la oposición celebre una marcha programada inicialmente para el 17 de abril, y ha indicado que los medios de comunicación deben decidir si apoyan al gobierno o al “fascismo”.
“Los venezolanos tienen derecho a cuestionar pacíficamente los resultados de las elecciones, ya sea manifestándose en las calles o expresando su opinión en los medios”, aseveró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Maduro no debería amenazar con usar ‘mano dura’ para restringir y amedrentar a quienes intentan expresar su opinión”.
La elección especial fue celebrada el 14 de abril de 2013, tras la muerte del Presidente Hugo Chávez. Según el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro, el Presidente en funciones y candidato del partido chavista, derrotó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski por una diferencia del 1,6 por ciento de los votos.
Capriles cuestionó los resultados y pidió a las autoridades electorales que efectuaran un reconteo total de los votos. Este pedido fue secundado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, y también había sido apoyado inicialmente por Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral abruptamente rechazó la petición y el 15 de abril proclamó presidente a Maduro.
Capriles convocó a los venezolanos a que se manifiesten en forma pacífica contra esta decisión, y en un primer momento los instó a participar en una marcha opositora el 17 de abril en Caracas.
En un discurso público ofrecido el 16 de abril, Maduro afirmó que no permitiría que se celebrara esta manifestación, y advirtió que respondería al “fascismo” y a la “intolerancia” con “mano dura”. También instó a los medios de comunicación venezolanos a que definan si están “con la patria, con la paz, con el pueblo o van a volver a estar con el fascismo… y la violencia”. Durante esa jornada, Maduro obligó a los canales de televisión a transmitir dos cadenas en las cuales se lo mostraba inaugurando nuevos hospitales, y limitó de este modo su posibilidad de difundir los acontecimientos políticos del momento.
Luego del discurso de Maduro, Capriles suspendió el acto previsto para el 17 de abril y pidió en cambio a sus seguidores que participaran en “cacerolazos” todas las noches hasta el 19 de abril, fecha en que Maduro planea asumir la presidencia.
La Fiscal General de Venezuela informó el 16 de abril que siete personas habían muerto y otras 61 resultaron heridas durante incidentes violentos ocurridos desde las elecciones. El Ministro del Interior y de Justicia indicó que los incidentes incluyeron ataques contra delegaciones gubernamentales y sedes del partido chavista.
Maduro responsabilizó a Capriles por todos los hechos de violencia que tienen lugar en el país, y el Ministro del Interior y de Justicia acusó a Capriles de “instiga[r] a la desobediencia de las leyes y al odio” al negarse a reconocer los resultados electorales. El Ministro de Relaciones Exteriores señaló a Capriles como responsable de la violencia, y exhortó a las autoridades competentes a investigarlo administrativa y penalmente. Por su parte, la Fiscal General destacó que las acciones de Capriles podían constituir actos de “instigación al odio” y “rebelión civil”.
“El gobierno debería llevar adelante investigaciones independientes y creíbles de todos los actos de violencia para determinar quiénes son los responsables, en vez de utilizar a las investigaciones penales como una herramienta política”, manifestó Vivanco.(Human Rights Watch, 17.04.13)
