El 19 de abril de 2013, el Ministro de Información y Comunicación Venezolano, Ernesto Villegas, inició una campaña de difamación, a través del red social Twitter, contra el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos – Provea. Provea trabaja para mejorar las iniciativas ya existentes y desarrollar nuevos programas en la defensa de los derechos humanos. También trabaja para educar a la gente acerca de los derechos humanos y promover la difusión de los principios de derechos humanos en Venezuela.
Se cree que esta campaña sea una represalia por el informe del 18 de abril de 2013 de Provea, en el cual fue reportado que la información publicada por los medios de comunicación estatales sobre los ataques contra los Centros de Diagnóstico Integral (CDIs) ha sido muy exagerada. Provea ha reiterado que no niega que los ataques pasaron, sino que en el informe no se encuentra evidencia de la gravedad de los ataques como está siendo divulgado por los medios de comunicación estatales, tampoco hay evidencia que los ataques fueron cometidos por partidarios de la oposición.
Sin embargo, Ministro Villegas le ha acusado a Provea de intentar desacreditar a las víctimas de los ataques. En uno de sus tuits en respuesta al informe, el Ministro de Información y Comunicación dijo «Lástima que Provea actue como retaguardia del fascismo», y en otro, «Provea antepone su antichavismo». Dado el clima político actual en el país, ser tildado como fascista y antichavista podría dar lugar a represalias en contra de la organización y sus miembros, hasta e incluyendo el ataque físico.
Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la campaña de difamación por los redes sociales contra la organización de derechos humanos Provea, y desea destacar el papel legítimo que cumplen los/las defensores/as de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
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Tomen medidas para asegurar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de realizar manifestaciones o declaraciones que estigmaticen el trabajo legítimo de Provea y otros defensores de los derechos humanos;
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Tomen medidas para poner fin a la campaña de difamación contra todos los defensores de los derechos humanos en Venezuela y garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias.
