Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de Provea, dijo que después de la elección presidencial del 14A lo más relevante han sido las amenazas de autoridades gubernamentales de varios niveles del Estado contra funcionarios. Considera que la opinión política coloca en riesgo a los trabajadores públicos y no puede aplicarse como mecanismo de presión o causal de destitución porque no figura en la Ley Orgánica del Trabajo.
Subrayó que el irrespeto del derecho al trabajo contradice el espíritu laborista propugnado por el presidente Nicolás Maduro y su gobierno.
Hermida llamó la atención sobre el hecho de que se exija la inamovilidad laboral al sector privado, pero el Ejecutivo crea condiciones de inestabilidad y un acoso laboral que trae consecuencias emocionales, físicas y económicas a los funcionarios que son perseguidos.
Hermida señaló que Provea hace seguimiento a las denuncias de organizaciones sindicales cuyos afiliados han sido victimas de la presión laboral y destituciones en Distrito Capital, Aragua, Bolívar, Carabobo, Táchira, Zulia y Nueva Esparta.
«Las organizaciones sindicales están sustanciando las denuncias. Esto no se queda en amenazas, aunque la sola amenaza es una agresión. Son persecuciones que se han reportado; en Zulia refieren 400 docentes y en Nueva Esparta se sabe del caso de 150 funcionarios de la gobernación» Subrayó el estado de indefensión de funcionarios que son «rebotados» por las inspectorías del trabajo para los tribunales contencioso administrativos para demandar las destituciones, en tanto los del sector privado sí son recibidos sin obstáculos en las inspectorías.
«Legalmente los trabajadores públicos deben ser atendidos en la sede de las inspectorías del trabajo, pero no se hace y, entre otras cosas, deben contar con dinero para contratar abogados particulares y querellarse contra la República Bolivariana de Venezuela», destacó la coordinadora de Exigibilidad de Provea.
Hermida repudió la constitución de una lista análoga a la Tascón, con lo cual se pretende identificar a los funcionarios que no son adeptos a la revolución. (Sofía Nederr, El Nacional, 02.05.13)
