(Caracas, 09.05.13) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realizó la presentación de su Informe Anual 2012 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, con su tradicional investigación interdisciplinaria en donde se registran los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en materia de 19 derechos humanos.
Una de las novedades del presente informe es su cambio de período, pasando en lo sucesivo a registrar los acontecimientos entre los meses de enero a diciembre de cada año. “Esta modificación fue producto de un análisis externo realizado a nuestro informe –afirmó Marino Alvarado, coordinador general de Provea-, lo cual facilitará el trabajo para los investigadores y usuarios de la investigación”.
Un segundo valor agregado de este Informe 2012 lo constituye un generoso encarte de 100 páginas, en donde se hace un balance de la situación en derechos humanos durante toda la gestión del presidente Hugo Chávez. “Lo titulamos –agregó Alvarado- “15 años sobre DDHH: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, y muestra gráficos e indicadores que revelan las tendencias existentes entre los años 1997 y 2011”.
El aspecto más positivo de la situación de derechos humanos durante el año 2012 –expresó Rafael Uzcátegui, coordinador de investigación de Provea- fue la disminución de seis puntos porcentuales en las cifras de pobreza en el país, para ubicarse al final del segundo semestre del 2012 en 21,2%. “Este resultado retoma la disminución de la pobreza que se había estancado desde el año 2009. Es un reto para el Ejecutivo Nacional implementar políticas que continúen la tendencia a la baja durante el 2013 y la hagan sustentable en el tiempo”, agregó Uzcátegui.
El Informe registra la mayor cantidad de viviendas construidas desde el año 1999, que a juicio de Provea constituye una evidencia que con la voluntad política necesaria, reflejada en el impulso a la Gran Misión Vivienda Venezuela, es posible resolver déficits en derechos humanos.
Otros logros resaltados en el Informe fue el incremento en 147.274 personas beneficiarias por políticas de seguridad social; la reducción significativa durante el año del 35% de víctimas de privaciones arbitrarias de libertad; el incremento del empleo formal a 58% del total de la población económicamente activa; el adelanto de las investigaciones de casos históricamente emblemáticos de violación al derecho a la vida: Noel Rodríguez, Masacre de Yumare y Masacre de Cantaura; así como la disminución importante de las protestas reprimidas respecto al total de manifestaciones ocurridas durante el año. Sobre el derecho a la participación, Provea reconoció que los diferentes actores políticos hayan consensuado la vía electoral como mecanismo de resolución de conflictos, lo cual generó una alta participación en las elecciones del 7 de octubre de 2012.
Algunas situaciones diagnosticadas durante el 2012 han continuado protagonizando la agenda informativa. El Informe de Provea alertó los conflictos generados por el estancamiento del proceso de demarcación y entrega de territorios indígenas que para el 2012 arrojaron un lamentable saldo de 6 indígenas muertos y, más recientemente, el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero el 03.03.13.
Hay que recordar que dos organizaciones no gubernamentales, la Sociedad Homo et Natura y Provea actualmente enfrentan un juicio en el tribunal de protección del niño, niña y adolescente de Caracas, por solidarizarse con la lucha de las comunidades yukpas.
Por otra parte, en su capítulo del derecho a la justicia, Provea advirtió sobre la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la cual ha comenzado a aplicarse en los casos recientes de manifestantes por derechos políticos privados de su libertad, y que en opinión de la organización constituyen una “etapa superior de la criminalización de la protesta en el país”. Provea también constató la continuidad del uso inconstitucional de la justicia militar para enjuiciar a civiles entre ellos a cinco sindicalistas.
Según Marino Alvarado la impunidad y las irregularidades en el sistema de administración de justicia constituyen dos de las situaciones más graves reflejadas en el Informe. Muestra de ello es la falta de investigación y sanción en los casos de sicariato sindical, la posposición por 5 veces consecutivas de la audiencia en el caso del juicio penal seguido contra el sindicalista Rubén González, secretario general de SINTRAFERROMINERA, imputado por ejercer el derecho a la huelga hace 3 años y el sometimiento a juicio militar del cacique pemón Alexis Romero.
La situación de la inseguridad ciudadana, el debilitamiento de las garantías para la protección de los derechos humanos en el país como consecuencia de la denuncia realizada por el Estado a la Convención Americana; el estancamiento de la superficie cosechada, el incremento en la importación de alimentos, los altos niveles de inflación, la escasez de diferentes productos básicos y la profundización de la crisis en el sistema nacional público de salud son problemas que ameritan una pronta atención del Ejecutivo Nacional.
En declaraciones de Rafael Uzcátegui el Informe de Provea se realiza en un contexto muy difícil para el ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social: “Como ONG de derechos humanos nos enfrentamos a dos problemas de fondo. El primero es la dificultad de acceso a la información pública. El segundo es la confiabilidad de la poca información pública disponible”. En opinión de Uzcátegui una gestión más transparente redundará positivamente, en primer lugar, en los beneficiarios de las políticas públicas de carácter social.
A partir de este 09 de mayo, el Informe Anual Enero – Diciembre 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela estará disponible para descarga gratuita del sitio web https://archivo.provea.org
muy interesante, algo tan objetivo que no deberia de dividir tanto a un pais como para enfrentarse unos con otros. me gusto leer sobre la reduccion de la pobreza y el fortalecimiento laboral, lo que si critico es la represion del derecho a la huelga y protesta como la muerte de lideres sociales.