Efectivos del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda acudieron a Provea a plantear la problemática por la que atraviesan en la institución, luego que encabezaran una huelga de hambre en julio de 2012.
El Cabo 2° Roberto Rincón, adscrito al Centro de Operaciones de Emergencia y el Cabo 1° Ronald Perdomo, adscrito a la Comandancia General en funciones administrativas, señalaron que de los 15 bomberos que realizaron la huelga de hambre en julio pasado reclamando el pago de deudas, 9 están actualmente sometidos a procedimientos administrativos disciplinarios, para imponerles la sanción de destitución por haber incurrido, a juicio de los representantes patronales, en faltas tipificadas en el estatuto de la función pública. «Nos declaramos en huelga de hambre para exigir nuestras reivindicaciones laborales, la cuales han desmejorado desde 2009. El 90% de los bomberos respaldó la huelga, los únicos que estuvieron en contra fueron los comandantes «, afirmó Roberto Rincón.
Los bomberos sometidos a procedimiento disciplinario, oscilan entre los 27 y los 35 años de edad, todos son padres de familia. Se les acusa de haber tomado violentamente las instalaciones de la institución durante los días de la huelga de hambre, y de haber agredido verbalmente a los comandantes del cuerpo de bomberos.
Ronald Perdomo -el más joven de todos-, actualmente presenta síntomas de depresión, según diagnóstico médico que consta en copia simple de un documento que fue mostrado al equipo de Provea durante la entrevista. Perdomo tiene 7 años en la institución, sufrió un accidente laboral a los 21 años de edad y recientemente se graduó de bombero. En dicho percance, sufrió una lesión por quemaduras de 2º y 3º grado en un 40% del cuerpo y por ello, tiene una incapacidad parcial permanente, declarada y certificada por INPSASEL, motivo por el cual se mantiene en labores administrativas. “De ser despedido me será difícil reinsertarme en otra actividad”, exclamó Perdomo. Roberto Rincón, por su parte, dijo temer por su integridad personal ya que afirmó haber sido víctima de amenazas telefónicas.
Denunciaron que nunca se les notificó personalmente del procedimiento, sino que se enteraron varios días después de que fuera publicado un cartel de notificación, el 28.12.2012 en el Diario El Universal. En el cartel, se les indicó que tenían 5 días para tenerles por notificados y 5 días para que hicieran su descargo. Destacaron que la notificación publicada en la prensa, se produjo 4 días después de que el Gobernador Henrique Capriles Radonski, hiciera acto de presencia en las instalaciones de la comandancia ubicada en la ciudad de Los Teques, para regalar unas cestas de navidad y participar en una cena navideña. Asimismo, afirmaron que durante el lapso de notificación no se les permitió conocer el contenido del expediente, ni acceder a las actas para conocer el tenor de los cargos que les imputaban. Expresaron que decidieron colectivamente no presentarse al acto de descargo, como una manifestación de rebeldía frente al hecho de encontrarse en estado de indefensión.
Las víctimas desconocen específicamente en qué situación se encuentra su estabilidad laboral y no poseen asesoría jurídica privada, ni medios económicos para procurarla, por lo que ejercerán en los próximos días, con el acompañamiento del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, un derecho de petición ante la Consultoría Jurídica de la Gobernación del Estado Miranda, de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 143 de nuestra Carta Magna, a objeto de solicitar información respecto al expediente disciplinario incoado en su contra, toda vez que hasta ahora, no han tenido acceso al expediente.
