El Ministerio Público acusó a Yendri Sánchez González (28), quien interrumpió el acto de juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro, efectuado el pasado 19 de abril en la sede de la Asamblea Nacional.
La fiscal 20º nacional, Katherine Harrington, acusó a Sánchez González por la presunta comisión de los delitos de ofensa agravada al jefe de gobierno y asociación, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el documento, presentado ante el Tribunal 9º de Control del área metropolitana de Caracas, se pidió la admisión de la acusación, el enjuiciamiento y que se mantenga la medida de privación de libertad del hombre, quien está recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón.
Sánchez González fue detenido el mencionado día, tras irrumpir en la tribuna de la Asamblea Nacional cuando el Presidente de la República iniciaba su discurso. (Prensa Ministerio Público, 05.06.13).
Provea ha advertido que la Ley Antiterrorista también iba a ser empleada contra la protesta, toda vez que define como actos terroristas las formas de lucha que históricamente han caracterizado a los movimientos sociales, como el cierre de calles y las huelgas.
Provea ha señalado que la actual administración de gobierno ha estrenado la Ley Antiterrorista (publicada en Gaceta Oficial hace casi un año atrás: 30 de abril de 2012, número 39.912), como un mecanismo para criminalizar la protesta social.
