La
situación del derecho a la salud en el país continúa siendo crítica. En parte fue reconocida por el presidente Nicolás Maduro cuando a mediados de febrero del presente año ordenó la intervención del Hospital de Coche. En aquella oportunidad asumió el compromiso que a partir de ese momento se iniciaría todo un proceso para mejorar los hospitales a escala nacional. Hasta ahora, parece que los resultados no son los mejores incluso en el propio hospital.
El sistema sanitario de Venezuela adolece de una organización que responda de manera eficaz y oportuna a las necesidades de salud; la infraestructura es insuficiente y son amplios los déficits de servicios, camas y personal médico; frecuentemente fallan los procesos de abastecimiento de insumos y medicamentos y la pérdida de los mismos por negligencia y desidia; y son débiles los programas de vigilancia sanitaria y epidemiológica, por lo que la información es desactualizada y presenta altos niveles de sub registro.
El Ejecutivo, en lugar de resolver los apremiantes problemas que subsisten en el sistema público de salud, ha preferido abrir cuotas de atención en el sector privado a través de negociaciones y la aplicación de medidas punitivas. Frente a esta situación la población se encuentra, por la vía de los hechos, ante una progresiva privatización de los servicios de salud en el país.
Esto lo demostraría el hecho que el financiamiento privado en salud continúa siendo mayor que el público, como lo revelan los datos disponibles, así como a la expansión de los centros de salud privados debido a su alta demanda. Igualmente el incremento de solicitudes a los pacientes para que se realicen en centros privados exámenes médicos que no garantizan los entes públicos de salud y el tener que llevar diversidad de insumos como condición para ser atendidos.
Es grave en particular la crisis hospitalaria y como consecuencia de ella aumentan las penurias para los más pobres.
En febrero el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al gremio médico y otros gremios de la salud para trabajar en función de la salud del pueblo. De esa fecha para acá esa sumatoria de fuerzas no se constata por lo menos de forma pública. En todo caso ahí esta en parte la solución. Sumar voluntades, iniciativas y recursos no solo con los gremios sino con instituciones, con gobernaciones y alcaldías sin discriminación.
Se puede definir entre Gobierno, organizaciones sociales e instituciones un Plan Operativo Nacional con metas de corto y mediano plazo que busque revertir en positivo la actual situación. Un Plan que garantice acceso a la información para que pueda ser monitoreado por las organizaciones sociales.
Como en otros preocupantes problemas del país es indispensable una real política de inclusión. Que se aparte la politiquería y las prácticas discriminatorias para sumar a todo el que pueda y quiera aportar. Si se actúa así, con seguridad tendremos pronto resultados positivos.
