La Red de Apoyo por la Justicia y Paz y los familiares de víctimas de abuso policial y militar harán una acción de calle el martes 9 de febrero frente a la Fiscalía General de la República para expresar su preocupación por la la lentitud y la falta de diligencia en las investigaciones que realiza el Ministerio Público para determinar la responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de la policía. Estas investigaciones duran en promedio más de 2 años sin producir un acto conclusivo y sin señalar a las o los responsables haciendo imposible la acusación fiscal.
El último informe de la Fiscalía General de la República del año 2008 señaló que hay más de 6.422 casos de denuncias de ejecuciones sumarias (ajusticiamientos) por parte de funcionarios policiales contra civiles desde el año 2000 al 2009, por los que se han acusado formalmente a 463, de los cuales sólo han logrado sentencia definitivamente firme 25 de estos casos. Esto representa un 99,61 % de impunidad.
En esta oportunidad, queremos denunciar la lentitud de las fiscalías 127º, 125º,86ª del Área Metropolitana de Caracas con sede en Caracas y la fiscalía 10º del estado Vargas de derechos fundamentales, las cuales no han sido eficientes en la realización de estas investigaciones teniendo casos con más de dos años sin que se haya culminado la investigación inicial. Esto se ha traducido en desesperación, angustia, y decepción de los familiares de las personas asesinadas, quienes no ven la diligencia del Estado para administrar una justicia eficaz y oportuna.
Especialmente nos estamos refiriendo a: Jhonny Cedeño López asesinado, el 13 de mayo del año 2006, por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana; Danny Camacho ajusticiado, el 5 de marzo de 2006, por presuntos funcionarios de la Policía del Municipio Libertador; Rubén Darío Moreno asesinado, por presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el 15 de mayo de 2004; Robert Linares muerto, por funcionarios Policiales del estado Vargas, el 27 de abril de 2003; Rodolfo Palacios muerto, por presuntos funcionarios del CICPC, el 13 de octubre de 2004 y Luis Enrique Pérez asesinado, por presuntos funcionarios de la Policía del Municipio Libertador, el 28 de Agosto de 2006.
En este sentido, solicitamos a la Fiscal General de la República que designe comisiones especiales de investigación criminalística para reforzar a las fiscalías antes mencionadas y se designe funcionarios o funcionarias superiores que revisen la cantidad de causas que llevan estas fiscalías y la capacidad de sus titulares para darle una adecuada atención a denuncias de violaciones a los derechos humanos.
¡Exigimos a la Fiscal General de la República que se sume efectivamente a la lucha contra la impunidad en Venezuela!
Caracas, 9 de febrero 2010.-
(Prensa Red de Apoyo)
