La segunda audiencia de juicio contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, se dio este viernes en el Tribunal Vigésimo Cuarto de Juicio en Caracas.
Al tribunal se presentaron ocho testigos: seis promovidos por la Fiscalía y dos por la defensa del dirigente sindical.
González es asistido por el Coordinador del Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado y los abogados de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv).
Después de un año esperando por el inicio del proceso, el pasado 10 de mayo el secretario general fue imputado por los supuestos delitos de instigación a delinquir, restricción al trabajo, agavillamiento y transgresión a las zonas de seguridad.
González estuvo detenido 17 meses, 12 de ellos en la sede de Patrulleros del Caroní entre 2009 y 2010, y sentenciado a siete años y seis meses por la huelga de 16 días que protagonizaron los trabajadores de Ferrominera Orinoco (FMO) en agosto de ese año.
Pese a que el conflicto se resolvió con un acuerdo público entre el presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, hoy acusado de corrupción y detenido, el Ministerio Público consideró que la actuación del dirigente debía ser resuelta en una instancia penal.
Hoy el juicio se repite luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara la anulación del proceso y la radicación del expediente en Caracas.
Sin precedentes
Para la ONG Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) el caso de González es emblemático de la criminalización de la protesta en Venezuela.
La ONG ha señalado que “la creación de un entramado legal orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano”.
Sólo en Guayana, otros 72 dirigentes y trabajadores afrontan un proceso judicial en una instancia penal a consecuencia de una protesta laboral.
Por la relevancia del caso, la Organización Internacional del Trabajo pidió a Venezuela su “liberación e indemnización inmediata”.
El juicio continuará el próximo 12 de julio y se espera la presentación de nuevos testigos.
Por el derecho a la huelga
Luego de la militarización de Ferrominera Orinoco el pasado viernes a raíz de la huelga de trabajadores, organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron rechazando la intervención militar en conflictos laborales.
Para Provea la militarización de un conflicto genera un grave precedente que, sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras, apunta a una elevación de la represión y criminalización del derecho a huelga.
Organizaciones sindicales, gremiales, y Defensoras de Derechos Humanos, ha iniciado una campaña en favor del Derecho a Huelga y contra la criminalización de las luchas de los y las trabajadoras venezolanas mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en Twitter. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 22.06.13)
