Recientemente Luisa Pernalete, educadora popular y miembro de la Asamblea de Provea, afirmó que la impunidad era una de las causas de la violencia en nuestro país, contabilizando en 91% los homicidios que en Venezuela quedaban sin castigo.
Que de cada 100 asesinatos la cifra de 91 queden sin resolverse es reflejo de las irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia.
La impunidad se ha convertido así, después de la pobreza, en una de las principales violaciones a la dignidad humana.
Esta situación se ha hecho extensiva a los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos ocurridos en el país.
Este 03 de julio se cumplirán 04 meses del asesinato del Cacique Yukpa Sabino Romero, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, crimen cometido por sicarios en la Sierra del Perijá con la presunta complicidad de funcionarios de la Fuerza Armada, como denunciaron integrantes de la comunidad Shaktapa de donde era oriundo quien se había convertido en un símbolo de la resistencia indígena.
Las consecuencias de la acción criminal no se detuvieron allí.
Una situación de alto riesgo corren en este momento los propios hijos del Cacique.
Ellos son Isidro Romero y Sabino (“Sabinito”) Romero a quienes, según denuncias realizadas por personas vinculadas a la lucha Yukpa, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pretende incriminar en hechos delictivos como parte de un plan que justificaría después su asesinato en un “enfrentamiento”.
Es importante recordar que Sabinito es testigo clave para investigar el asesinato de su padre.
El Estado venezolano tiene la obligación de proteger la vida de los hijos del Cacique Sabino Romero y de Lusbi Portillo, como ha sido solicitado formalmente desde diferentes iniciativas populares.
Recordemos que el pasado mes de marzo Sabinito e Isidro fueron torturados por el ejército.
Ellos formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público y aún se espera por los resultados de la investigación. Habrá que ver cuál será la voluntad política para establecer responsabilidades.
En su momento denunciaron que habían sido amarrados de un carro Tiuna y golpeados por un teniente de apellido Pérez.
También corre alto riesgo el profesor Lusbi Portillo reconocido defensor de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas quien el pasado 15 de mayo, denunció que había sido informado de fuentes confiables sobre la contratación de dos sicarios para darle muerte y que posiblemente estarían involucrados ganaderos de la zona y funcionarios policiales.
Contra Lusbi, además, se ha desatado en varias oportunidades una ofensiva mediática pretendiendo responsabilizarlo intelectualmente de las distintas protestas organizadas por el pueblo Yukpa para reclamar una justa demarcación de tierras, la cual se encuentra paralizada, entre otras razones, por la profundización de la economía extractiva como modelo de desarrollo para el país.
Precisamente los territorios indígenas son ricos en diferentes tipos de minerales y recursos energéticos, que están siendo comprometidos por el Estado en negociaciones a futuro con el mercado internacional globalizado.
Con la campaña contra los luchadores ambientalistas e indígenas se ha criminalizado su labor creando un ambiente favorable para su neutralización simbólica e incluso para su liquidación física.
Una acción preventiva importante es garantizar una investigación transparente y pronta sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del Cacique Sabino.
La impunidad favorecerá que se continúen cometiendo crímenes contra los integrantes del pueblo indígenas Yukpa.
Pero otra medida importante es que se realice una adecuada demarcación de tierras y se pague pronto y de manera justa lo referente a las haciendas y parcelas existentes en lo que debería ser el hábitat del pueblo Yukpa.
Los compromisos asumidos recientemente por alto gobierno con los indígenas deben cumplirse en los tiempos establecidos.
En la medida en que se logre bajar las tensiones que han prevalecido en la zona de la Sierra de Perijá en los últimos años por los reiterados incumplimientos del gobierno y las acciones arbitrarias de algunos ganaderos, se garantizará un clima más apropiado para el diálogo con la comunidad y la satisfacción de las exigencias que durante años vienen reivindicando.
De parte del alto gobierno y las instituciones del Estado está hoy la responsabilidad de evitar que sigan produciendo hechos de violencia contra el pueblo indígena Yukpa, evitando que la impunidad en el caso Sabino Romero no sea la norma, como sí lo ha sido en los casos de los asesinatos de otros luchadores populares como Joe Castillo, Mijaíl Martínez y los sindicalistas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena.
El Ejecutivo, que ha sido muy diligente en promover la investigación de los llamados “crímenes del pasado”, en contraste ha sido ineficaz e indolente con los asesinatos de los luchadores sociales en los últimos años, y como dicen las cifras, en general con todos los delitos contra la vida de las personas.
¿Estamos en presencia de una estrategia de impunidad como política de Estado?
(*) Coordinador de Investigación de Provea
