Incoherencias:
El gobierno ha afirmado que se está avanzando en una política de desarme y promoción de movimientos por la paz.
El enorme gasto en armas, año tras año, demuestra algo distinto a la voluntad expresada.
El 27.06.13, en cadena de radio y televisión, el Presidente afirmó que jamás –como ahora- la educación venezolana y los salarios de los trabajadores, habían estado en mejores condiciones.
La depauperación de los salarios y el déficit en la educación superior venezolana, dicen lo contrario. Los salarios de obreros, empleados y profesores universitarios, están por debajo de la canasta básica alimentaria.
Si comparamos las cifras de lo gastado en material de guerra, con la inversión realizada en la educación superior, la incoherencia entre lo expresado por los funcionarios del gobierno y lo que realmente se ha hecho, adquiere una dimensión aún mayor.
Entre 2008 y 2012 Venezuela se ubicó entre los primeros 20 países que a nivel mundial realizaron mayor gasto en armamento militar.
En 2012, el país aumentó en un 42% el gasto militar, para situarse en el segundo lugar entre los mayores compradores de armas en la región, apenas un punto por debajo de Paraguay (43%).
Según un informe del Programa de Gasto Militar y Producción de Armas del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia, Omán y Venezuela, se ubicaron el año pasado entre los países que más aumentaron el gasto bélico a nivel mundial.
El presupuesto de gastos del Ministerio de la Defensa para 2013 alcanza el monto de 32.135.581.911 Bs. De esa cifra, 16.087.081.911 Bs. serán destinados a la inversión militar de la FANB, según la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013.
En contraste, 15 mil 478 millones serán asignados a las universidades venezolanas, un aumento del 30% con respecto al año 2012, pero, según los representantes gremiales, sindicales y las propias autoridades de las casas de estudio, insuficiente para cubrir las necesidades del sector.
Además, ese incremento palidece si se compara con el hecho de que para 2013, se duplicó el gasto en armas en comparación con 2012.
Entonces, ¿la lucha de los obreros, empleados y profesores universitarios es justa?
La justeza de las luchas radica en la justeza de sus planteamientos, en la pertinencia de los reclamos y las consignas que se levanten.
El reclamo de los universitarios por salarios dignos y mayor presupuesto para las universidades, es una justa exigencia que deja al desnudo la incoherencia entre el discurso y la práctica del gobierno nacional.
«La verdad, es siempre revolucionaria», decía Lenin.
Criminalización. A la vieja y a la nueva usanza:
El pasado 03.06.13 un Tribunal de Municipio de Caracas, ordenó a la FAPUV, exhortar a los profesores de la UPEL-IPC a reanudar las clases, suspendidas debido al paro profesoral convocado por esa federación, y acatado por la Asociación de Profesores de esa casa de estudios.
El 21.06.13 a la APUCV le fue ordenado lo mismo.
Desde Provea, dijimos que acciones de ese tipo constituían un grave atentado al derecho Constitucional a la huelga, y que apuntaban a un ascenso en la restricción y criminalización de ese derecho, mediante la judicialización de los reclamos de las y los trabajadores.
Ya en 2012, un Tribunal Agrario del Estado Aragua, había dictado una medida a favor de la estatal Agropatria, impidiendo la realización de “cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción”, por parte de las y los trabajadores, alegando la “protección a la soberanía alimentaria”.
En abril de este año, bajo el argumento del «sabotaje eléctrico», el Presidente Nicolás Maduro, anunció la militarización de CORPOELEC. Al mismo tiempo, se dictó el Decreto 21, que proscribe la libertad sindical y el derecho a huelga de los trabajadores de esa empresa.
En junio, el Presidente Maduro ordenó la militarización de Ferrominera del Orinoco, en un intento por quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa filial de CVG, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes habían sido despedidos en 2012.
En esa oportunidad, Provea advirtió que la militarización de un conflicto de carácter laboral, sumado a la creación de un andamiaje jurídico represivo, apuntaban a una “fase superior de la criminalización” del derecho a huelga.
El Presidente Maduro debe recordar que los trabajadores del Metro de Caracas, durante la presidencia de Caldera II, convocaron a una paralización de actividades en reclamo de aumento salarial y contratación colectiva.
La respuesta del gobierno fue la militarización. Dos guardias nacionales por cada Metrobus. Cuatro guardias nacionales por cada Metro. Cinco o seis Guardias Nacionales en cada caseta de venta de boletos.
Esa fue la respuesta de Caldera ante el justo reclamo de los trabajadores del Metro.
Probablemente el Presidente recordará aquella consigna que condenaba la respuesta represiva al conflicto: “No a la criminalización de la protesta, no a la militarización de las luchas”. Probablemente no.
Ojala no se repita lo de Ferrominera. Ojala no se repita lo del Metro.
Ojala, Presidente Maduro, no pase usted a la historia como un antiobrero más, criminalizando a los trabajadores, a la vieja y a la nueva usanza. #HuelgaNoEsDelito
@intiamaru79
