¿Militares contra la inseguridad o inseguridad provocada por el militarismo?
Semana crucial para el conflicto universitario
Durante la semana pasada pudimos apreciar diferentes formas en que el gobierno enfrenta las protestas y los conflictos laborales: mesas de diálogo, mesas en las que hay algo más que diálogo, represión disfrazada, criminalización o indiferencia.
También pudimos observar algunas formas non santas de enfrentar, con el común denominador del militarismo, presuntos delitos y la inseguridad.
Muertes y militares
Hemos advertido anteriormente que el uso de efectivos militares en labores de seguridad y en otros menesteres, por ejemplo en el mundo laboral, aparte de estar reñido con la norma legal, es inconveniente y claramente violatorio a los derechos ciudadanos.
Presenciamos protestas ciudadanas en contra de actuaciones militares en la capital de Coro y en Orope, ubicado en Táchira.
Es inconcebible que unos efectivos militares disparen a mansalva contra un carro que les parece “sospechoso” o se vean envueltos en la muerte de un habitante del fronterizo pueblo de Orope, que supuestamente contrabandeaba gasolina.
En ambos casos, víctimas civiles perdieron sus vidas. Para ellos, el derecho a la vida no existió.
Prosigue juicio al sindicalista Rubén González
El viernes se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio que se le sigue en Caracas a Rubén González por dirigir una protesta laboral en el estado Bolívar.
Por cierto, Sintraferrominera, sindicato del cual Rubén González es Secretario General, denunció la semana pasada amedentramiento del gobierno en contra de uno de sus dirigentes, tras una visita policial, sin ninguna orden de tribunal, a su casa.
Hay que recordar que los trabajadores de Ferrominera del Orinoco protagonizaron el mes pasado una huelga de doce días que el gobierno pretendió enfrentar con la militarización de las instalaciones de la empresa.
En la actualidad los trabajadores están a la espera de que se cumplan los compromisos que la empresa asumió, en mesa de diálogo con el sindicato.
Mientras tanto, también en el el estado Bolívar, en Minerven se prolonga el paro que hacen los trabajadores, mas de veinte días, por reivindicaciones laborales sin que hasta ahora hayan encontrado respuestas a sus reclamos.
Universidades
La crisis de las universidades venezolanas ha alcanzado su punto más álgido en los últimos dos meses.
Empleados, obreros, estudiantes y docentes han realizado numerosas protestas, desde paralizaciones escalonadas de 24, 48 y 72 horas, concentraciones, cierres de calle, marchas, huelgas de hambre y un paro indefinido que lleva más de 30 días, para llamar la atención del alto gobierno y exigir reivindicaciones.
Luego de acuerdos y negociaciones salariales con autoridades ministeriales, el mes pasado los empleados y obreros cesaron sus protestas.
En estos momentos son los estudiantes y profesores quienes se mantienen al frente de exigencias para el sector universitario.
Para entender este conflicto es importante caracterizarlo en dos niveles: a) el reivindicativo y salarial, referido al pago de deudas, presupuesto y contratación colectiva, y b) el político, referido a la autonomía universitaria y a la no intervención estatal.
Cada nivel requiere obviamente estrategias de exigencias propias en relación al fondo del problema.
Una caracterización con poca claridad pudo, y puede, cerrar las salidas al conflicto.
El gobierno ha podido resolver esta crisis desde hace mucho tiempo: un porcentaje mínimo de la renta petrolera es suficiente para asumir todas las demandas presupuestarias y de salario.
Entonces el punto álgido, para el gobierno, no es el reivindicativo o salarial, es el político.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que una posible estrategia mal llevada por parte de los universitarios también podría ser un factor clave ahondar el conflicto.
No hay duda en la legitimidad y lucha de los profesores y estudiantes.
Solo habría que preguntarse si han planteado acciones de exigibilidad enfocadas con cada nivel.
No es lo mismo exigir aumento de sueldo que exigir autonomía, aunque ambos aspectos tengan elementos en común.
Y el gobierno, que en este caso representa al estado y es al mismo tiempo patrón, lo sabe.
En la medida en que no se promuevan espacios para el dialogo y negociación el conflicto puede seguir radicalizándose. Hasta el momento los manifestantes se han mantenido en términos pacíficos.
Lo máximo que han hecho es exponer sus propias vidas con huelgas de hambre o cosiéndose la boca.
Y mientras el gobierno no dé una respuesta efectiva los universitarios seguirán en las calles manifestando, haciendo concentraciones y cerrando vías.
Con los universitarios en la calle el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de respetar el derecho a la manifestación pacífica y resguardar la vida de manifestantes y terceros.
Y tiene igualmente la obligación de respetar el derecho a la protesta y a la huelga.
El gobierno debe establecer los mecanismos de seguridad pública para que terceros no atenten contra manifestantes, o no permitir que intervengan en la dispersión y represión de manifestaciones grupos parapoliciales, tal como ocurrió en días pasados cuando civiles armados atacaron a estudiantes en una autopista.
