Marino AlvaradoEl Estado venezolano acaba de asumir la presidencia protempore del bloque regional Mercosur, es decir, estará dirigiendo dicho proceso de integración durante seis meses.

El gobierno empezó su gestión indicando que reforzará todo lo referente al ámbito social, una perspectiva que compartimos pues ciertamente debe profundizarse.

Aunque en los últimos años se produjo avances en esa dirección, no hay duda que el proceso de integración esta esencialmente marcado por el intercambio comercial.

Profundizar en lo social significa por lo tanto priorizar también lo referente a los derechos humanos, pues no sería coherente decir que se priorizará lo social y dejar de lado la promoción y protección de los derechos de las personas.

En ese sentido el gobierno tiene varios compromisos y retos.

De tal manera, que si el gobierno del presidente Nicolás Maduro de verdad quiere dar impulso a los asuntos sociales y abogar a los más humildes, una medida importante es rectificar su decisión de no acatar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

En el año 2005 los países del Mercosur suscribieron el Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos. Un conjunto de normas que establecen una estrecha relación entre democracia y derechos humanos.

El artículo 1 establece que “La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes.”

En ese Protocolo los países reafirman los principios y normas contenidas en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la Carta Democrática Interamericana”.

Nótese que el bloque regional asume la  Convención Americana sobre Derechos Humanos como parte de su ordenamiento jurídico, Convención que denunció el gobierno debilitando la protección que requieren las víctimas quienes generalmente son los más pobres.

De tal manera que el gobierno asume la presidencia protempore en una circunstancia en la cual se coloca en contra de la normativa existente en dicho proceso de integración y contra el espíritu que prevalece en los gobiernos de dichos países quienes han ratificado su compromiso con las normas de derechos humanos de la mencionada Convención.

Uno de los retos por lo tanto es rectificar su decisión de denunciar la Convención. Si persiste estará violando la normativa Mercosur en materia de Derechos Humanos.

Debemos recordar además que en el año 2004 los presidentes de los países del bloque regional más algunos de países que aspiraban ingresar plenamente suscribieron la Declaración Presidencial sobre Derechos Humanos.

Correspondió al fallecido ex presidente Chávez suscribirla a nombre del Estado venezolano.

En dicha Declaración, los presidentes se comprometen a dedicar esfuerzos para fortalecer tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana.

De tal manera, que si el gobierno del presidente Nicolás Maduro de verdad quiere dar impulso a los asuntos sociales y abogar a los más humildes, una medida importante es rectificar su decisión de no acatar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

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