Dos oficiales y un sargento de la Guardia Nacional están bajo investigación por el homicidio de un cabo segundo de ese componente, en las instalaciones militares del Grupo de Acciones de Comando en Macarao.
La víctima fue identificada como Diosny Manuel Guinand Yéndez, de 24 años de edad.
Su cadáver fue hallado en avanzado estado de descomposición el miércoles 24 de julio en una de las canchas de tiro del grupo comando.
Lo enterraron cerca del sector conocido como La Laguna. Para ese momento la data de muerte era de 26 días.
Se presume que los militares involucrados intentaron desaparecer el cadáver para luego simular una supuesta deserción y evadir así una investigación por homicidio.
Extraoficialmente se pudo conocer que hasta el momento han sido responsabilizados por este crimen el teniente coronel William José Serrano Fermín, el primer teniente Jaime Jaramillo y el sargento primero Gerson Ramírez, adscritos a la unidad élite de la GNB.
Las pesquisas se extienden a otros funcionarios que son entrevistados por personal de la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Inspectoría de la GN.
Participa, además, una fiscal del Ministerio Público especializada en Derechos Fundamentales.
Guinand Yéndez habría fallecido como consecuencia de las torturas a las que fue sometido para que revelara el paradero de una pistola asignada por el componente militar.
Fuentes ligadas a la pesquisa señalaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica. De igual forma se determinó que durante los interrogatorios fue golpeado.
De Cumaná a Caracas.
El 12 de julio los familiares del cabo acudieron a la morgue de Bello Monte para determinar si su cadáver se encontraba allí. Con anterioridad habían consignado una denuncia por su desaparición en el Cicpc y en la Inspectoría de la Guardia Nacional Bolivariana.
La última comunicación de Guinand con su círculo familiar fue el 29 de junio, cuando se disponía a participar en los entrenamientos para el desfile militar del 5 de julio.
Constantemente informaba sobre sus actividades en una cuenta abierta en Facebook con un nombre ficticio.
En ese sitio aparecía retratado con sus compañeros de unidad. Igualmente se comunicaba por allí con sus seres queridos para anunciarles cuándo iría a la capital sucrense.
Posteriormente su novia recibió un mensaje anónimo en el que le informaban que lo vieron esposado y golpeado.
Guinand era huérfano y se crió con sus tíos en Cumaná. Su cadáver fue llevado ayer en avión a esa ciudad. El servicio funerario fue pagado por el Ministerio de la Defensa y el entierro fue en el Cementerio General, en horas de la tarde.
Tatuaje lo identificó.
Arévalo Linares Guinand Yéndez, tío de la víctima, dijo que el miércoles 24 a las 8:00 pm fue cuando lograron identificar el cadáver de su sobrino, gracias a un tatuaje.
Indicó que la víctima desapareció desde el 29 de junio y que los funcionarios de la GNB intentaron evadir la responsabilidad en este caso al indicarles a los familiares que él había desertado.
Guinand Yéndez fue a Caracas para denunciar la desaparición del alistado en el Ministerio de Interior y Justicia, Fuerte Tuina, Cicpc, Ministerio Público, Cicpc y el DIM.
Los parientes ya sospechaban que había muerto. “Recibimos una llamada anónima de sus compañeros supuestamente; nos dijeron: ‘búsquenlo, que él no se fugó de aquí”.
Relató que las autoridades querían sacar el cadáver de la morgue ayer en la madrugada para que ningún medio de comunicación social se enterara de este hecho.
Déficit de derechos humanos en la FANB
Marino Alvarado, director de Provea, señaló que el caso de Guinand se suma a una cadena de denuncias sobre torturas aplicadas por militares durante los últimos años.
“Se pretende decir que esta Fuerza Armada es distinta que la de la llamada cuarta república. Los hechos recientes indican que eso no es así. Los casos reportados por la Fiscalía involucran al Ejército, la Guardia Nacional y la Armada”, dijo.
Indicó que el Ejecutivo debe reconocer la existencia de un problema y no señalar que se trata de supuestas elaboraciones de los medios de comunicación.
“Las cosas van conociéndose y se demuestra que no es una campaña. Es necesario rectificar. El Ejecutivo no quiere reconocer el déficit en materia de derechos humanos en la FANB”, concluyó.
Advirtió que debido al despliegue intenso de los militares, el riesgo es que estas situaciones se repitan.
A la justicia ordinaria
Régulo Díaz Vega, general de brigada retirado y ex subinspector general de la GN, afirmó que en estos casos lo ideal es que los militares no participen en la averiguación penal pues de lo contrario se generan situaciones que pueden llamar a sospecha.
“Al conocerse este hecho en la Fuerza, se debe notificar de inmediato a la Fiscalía. Luego deben abstenerse de participar en la investigación para que no se diga que tienen un interés”, explicó.
Agregó que el caso de Guinand debe ser conocido por la justicia ordinaria e instruido por la Fiscalía y la policía judicial, y que simultáneamente se debe realizar una pesquisa disciplinaria que debe abarcar a todo el personal de guardia el día en que ocurrió el crimen, especialmente aquellos encargados de la custodia de las armas.
“Casos como este lo avergüenzan a uno. De un tiempo acá las reacciones de la Guardia Nacional han estado reñidas con lo que se les enseña en las escuelas”, afirmó.
Aconsejó a la jefatura actual del componente que examine las actuaciones de los últimos meses. La repetición de los abusos, en su criterio, indica que ya no se trata de hechos particulares sino de la regularización de prácticas que van contra los derechos humanos.
Reiteradas torturas
En marzo de 2012 una columna del Ejército sometió y torturó a 40 campesinos señalados de tener vínculos con la guerrilla colombiana en el sector Varitalia, en el estado Táchira.
En noviembre de 2012 dos personas fueron torturadas por funcionarios del Comando Regional 9 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Puerto Ayacucho, que investigaban la pérdida de dos fusiles AK103 en un refugio de fauna silvestre.
En mayo de 2013 una poblada incendió el destacamento 87 de la GNB, en Cabruta, Guárico, al constatarse la muerte de Jesús Pérez debido a los golpes que le propinaron los funcionarios en esa instalación.
En julio de 2013 fueron detenidos 10 militares del Ejército luego de matar a Renny Suárez en una vivienda del callejón La Carbonera de Orope, Táchira. Lo investigaban por contrabando de gasolina. (Javier Ignacio Mayorca / María Iguarán, El Nacional, 26.07.13)
