Las violaciones a los derechos humanos en el pasado tuvieron un gran aliado: La invisibilidad.
Las dictaduras que azotaron el continente podían cometer sus tropelías impunes porque tenían la posibilidad de controlar todos los mecanismos para que estas no se conocieran.
Gracias a los avances de las tecnologías de comunicación afortunadamente, cada vez esto es más difícil.
El desarrollo de dispositivos personalizados digitales y la creciente redificación de los flujos informativos, cualquier persona tiene hoy la posibilidad de dar a conocer al mundo una violación a los derechos humanos.
Lo primero que hay que entender es que los delitos son cometidos por los ciudadanos mientras que las violaciones a los derechos humanos son cometidas por funcionarios y funcionarias estatales.
Cierta propaganda intenta calificar de “violaciones a los derechos humanos” a hechos irregulares cometidos por particulares, y esto es incorrecto.
En el caso de los primeros el Estado está en la obligación de investigar y sancionar a sus responsables. Cuando estos delitos quedan en impunidad, es el Estado quien ha violado un derecho humano, al no garantizar el derecho a la justicia.
Si somos víctimas, familiares de víctimas o testigos de una violación a un derecho humano estamos en la obligación de denunciarlo.
Mucha gente se inhibe de hacerlo por escepticismo sobre los órganos de investigación o administración de justicia. O por miedo. Pero si una violación a los derechos humanos no se conoce, socialmente no existe.
Esto es precisamente lo que desean los violadores: tener la misma impunidad que un Pinochet o un Videla en sus tiempos, por lo que el silencio es la mayor garantía para ello.
Además del objetivo de conseguir justicia y revertir la violación, la denuncia cataliza otras consecuencias: impide el olvido alertando sobre futuras violaciones similares realizadas por los mismos funcionarios; genera conciencia y solidaridad y, aunque suene extraño, significa en sí mismo un mecanismo simbólico de reparación al elevar la autoestima de los denunciantes, promoviendo nuevos liderazgos sociales movilizadores de otros y otras.
El protagonista del proceso de denuncia y exigibilidad de derechos siempre será la víctima o los familiares de la víctima, lo cual no podrá ser sustituido por los defensores de derechos humanos –cuyo trabajo es de acompañamiento y apoyo-.
Para realizar el proceso de denuncia es importante tener a la mano la mayor cantidad de datos que puedan sustentarla: nombre, edad y ocupación de los afectados; descripción del atacante e institución a la que pertenece; narración y circunstancia de los hechos; testigos y pruebas, entre otros.
Con el tiempo muchos detalles tienden a olvidarse, por lo que siempre es recomendable que los denunciantes escriban en un primer momento su propio relato de los hechos.
Tras realizar la denuncia ante las diversas instituciones competentes, la violación a los derechos humanos debe difundirse lo más ampliamente, no sólo ante medios de comunicación sino a través de las llamadas redes sociales.
Esto puede motivar a que otras personas que habían sufrido violaciones similares, pero que habían optado por el silencio, hagan sus propias denuncias, lo cual podría demostrar que más que un hecho aislado constituye un patrón de comportamiento de los funcionarios involucrados.
Para denunciar hay que apoyarse en los recursos tecnológicos disponibles.
Todos los teléfonos celulares ofrecen la posibilidad de tomar fotografías y grabar audio, los cuales pueden ser subidos a internet y cuyos enlaces pueden ser compartidos con organizaciones de derechos humanos, blogeros y tuiteros influyentes.
Situaciones en otros países han demostrado la eficacia de las redes digitales en contextos de censura y coacción a los medios de comunicación tradicionales.
Es posible encontrar en la red iniciativas de personas que han sufrido violaciones similares, con las que se puede compartir información o coordinar esfuerzos de movilización.
Hay que entender que las denuncias por redes sociales deben compaginarse con la presión y movilización en el espacio público. La experiencia venezolana confirma que si no existe presión, las autoridades ralentizan el cumplimiento de su deber de investigar y sancionar las violaciones.
Si el Estado no ofrece garantías o respuestas ante la denuncia, se tiene el derecho de manifestar públicamente.
Se pueden redactar comunicaciones ante los funcionarios responsables, como el Ministerio Público, con peticiones concretas y viables.
Si la Defensoría del Pueblo no juega un papel activo en el acompañamiento y asesoría de los agraviados, por omisión se convierte en cómplice de la violación, por lo que pueden realizarse concentraciones frente a esta dependencia para exigir el cumplimiento de su papel.
Todas las acciones creativas y simbólicas son útiles si mantienen la visibilidad de la denuncia sobre el derecho vulnerado. Además, es mucho mas “noticioso” para un medio de comunicación una protesta ingeniosa que una tradicional.
Al irrumpir en el espacio público, las víctimas se reconocen en un colectivo cuando observan que su caso no es único. Así ha comenzado la historia de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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