El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) ha evidenciado un uso desproporcionado del poder estatal, a través de mecanismos legales, para criminalizar la labor de periodistas y medios de comunicación privados e independientes, en distintas entidades del país, en los últimos meses de 2013.
Algunas de las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general.
Bajo un panorama de altos niveles de conflictividad sociopolítica, en la actividad mediática venezolana predominan las medidas de censura, las demandas penales, las imputaciones por supuestos cargos de desestabilización, y órdenes económicas restrictivas para los medios de comunicación.
La línea de acción de los tribunales nacionales se presenta luego de que periodistas y medios impresos -que mantienen líneas críticas a la actual gestión gubernamental- han difundido denuncias sobre hechos de corrupción en la gestión pública, o han publicado informaciones sobre hechos violentos producto de la inseguridad ciudadana, que se consideren contrarios a la protección de los derechos de la infancia.
También, resultan preocupantes las acciones penales que buscan acallar las voces de periodistas que divulgaron denuncias sobre los hechos de violencia e irregularidades, luego de las elecciones presidenciales de abril, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro, respaldado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Las instituciones de justicia venezolanas -como órganos responsables de investigar y determinar las responsabilidades ante cualquier infracción a la legislación nacional- han dado curso a investigaciones contra periodistas y medios de comunicación en varios estados del país.
Sin embargo, con medidas de censura previa y algunas opiniones adelantadas las instancias judiciales han vulnerado el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Algunos de los casos registrados por diversas medidas legales en este período han sido las medidas de censura que han afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado Falcón. Han sido señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; y Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder.
Se han emprendido medidas de censura que afectan la expresión en las redes sociales, como ha sido el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien actualmente se encuentra en libertad condicional, luego de haber sido enjuiciada por una decisión jurídica que tomó como funcionaria de la institución judicial venezolana. (Prensa Ipys, 07.08.13)
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