El Universal: Acusados 13 efectivos de la GNB por muerte de madre e hija en Falcón

El Ministerio Público acusó a 13 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por su presunta responsabilidad en la muerte de Luimener Pacheco Lino (40) y su hija de 13 años de edad, hecho ocurrido el 4 de julio, en el sector Las Calderas, municipio Colinas del estado Falcón.

Los fiscales 76 nacional y 17 de Falcón, Alejandro Méndez y Misleidys Córdoba, respectivamente, imputaronaron a los sargentos Regulo Valero (21), Dionis Escalona (20), Joseth Reyes (19), Wilfredo Martínez (23), Luis Vilchen (21), Ronald Mújica (22), Jesús Álvarez (26), Carlos Muñoz (31), Adrián Torres (32), José Carrasquero (37), Carlos Colina (27), Kelvis Elzaburu (22) y al primer teniente Raúl Brizuela (28), por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Pacheco Lino y su hija de 13 años, y homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en perjuicio de otras dos adolescentes de 14 y 15 años de edad, quienes resultaron heridas en el hecho.

Adicionalmente, los 13 efectivos castrenses fueron acusados por uso indebido de armas orgánicas y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

En el escrito presentado ante el Tribunal 5 de Control del estado Falcón, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los efectivos de la GNB y que se mantenga la medida privativa de libertad contra ellos, quienes permanecen recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda.

De acuerdo con la investigación, el jueves 4 de julio, en horas de la noche, los mencionados efectivos castrenses realizaban un operativo en el referido sector, cuando habrían efectuado varios disparos contra un vehículo Chevrolet, modelo Chevy, en el que se trasladaba Luimener Pacheco Lino, junto a sus tres hijas adolescentes.

Cabe mencionar que las experticias y diligencias de investigación fueron realizadas por los especialistas de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del estado Lara. (El Universal, 22.08.13)

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Provea reconoce un cambio positivo en la actuación del Ministerio Público en muchos casos ocurridos en el pasado reciente. Hemos afirmado que la actuación del Fiscalía General de la República, ha estado acorde con la demanda de justicia de las víctimas, de sus familiares y del conjunto de la sociedad venezolana.

No obstante, consideramos que la sola actuación de la Fiscalía no es suficiente para detener las acciones violatorias de derechos humanos. 

El Estado venezolano debe adoptar medidas orientadas a revisar y corregir la actuación de los cuerpos militares y policiales del país, en el marco de las disposiciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con las reglas del Código de Conducta de la ONU para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.