Seguimos recibiendo información de diversos estados del país, acerca de fallas graves en la provisión de servicios y medicamentos para las personas con VIH.
Por ejemplo, en el Estado Bolívar no se realizan las pruebas de carga viral en el sistema de salud público, a pesar de que son vitales para conocer la efectividad de los tratamientos.
Aunque se calcula que en el estado hay más de 6.500 personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), solo se asignan 90 cupos mensuales para la toma de muestras, que deben ser remitidas al Instituto Nacional de Higiene «Rafael Rangel» (INHRR) en Caracas.
Desde 2004, la Coordinación Regional del Estado Bolívar ha solicitado la instalación de un equipo en la zona, pero aún no ha obtenido respuesta.
Además, desde septiembre de 2012 está dañado el equipo para la realización de la prueba de subpoblación linfocitaria, también vital para la atención adecuada de las personas con VIH.
Situación parecida reportan desde otros estados del país. Esta gravísima falla de reactivos afecta además al propio INHRR, donde actualmente no es posible realizar la prueba confirmatoria de anticuerpos contra el VIH (Western Blot), ni la de subpoblación linfocitaria.
Si hay fallas en diversos estados, y tampoco es posible realizar estas pruebas en el INHRR, el conjunto de las cerca de 50.000 personas ya detectadas con VIH, así como quienes han obtenido un diagnóstico reciente, estarían afectadas.
Además, como parte de un proceso de privatización de la salud pública al que ya nos hemos referido, es tal la importancia de contar con los resultados de las pruebas de carga viral y subpoblación linfocitaria, que las personas con VIH, aún las de muy escasos recursos, acuden a laboratorios privados para poder contar con el control médico adecuado.
A las fallas en reactivos, se suman desde 2009 las interrupciones continuas en el suministro de antirretrovirales.
Por reiteradas, y sin solución ni siquiera propuesta hasta ahora, todas estas fallas implican una situación de violación sistemática de los derechos a la salud e, incluso, a la vida de las personas con VIH por parte de las autoridades del Ministerio para la Salud.
Asistencia jurídica para situaciones de afectación o violación de derechos humanos relacionadas con el VIH/Sida.
En las pocas semanas que tiene de funcionamiento este servicio de Acción Solidaria se han recibido y documentado cinco casos, de los cuales cuatro representaron afectaciones a los derechos humanos, en tanto fueron generadas en ámbitos privados, y uno solo estuvo vinculado a una denuncia por violación de derechos humanos.
Los casos recibidos se vincularon a los derechos a la vida, a la integridad personal, al trabajo y a la salud. La atención de denuncias se ha realizado por vía telefónica, por medio de correo electrónico y a través de la asesoría personal directa.
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