Cuando la agente del Estado María Auxiliadora Monagas admitió ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de Venezuela por las desapariciones forzadas de personas durante la tragedia de Vargas, también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas.
Alejandra Iriarte, esposa de uno de los desaparecidos, le contestó: “Yo no quiero gestos, yo quiero justicia”.
A pesar del allanamiento del Estado, no se cumplió nada de lo dispuesto en la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005: ni la exigencia de investigación y sanción efectiva a los responsables de los excesos policiales y militares, ni las reparaciones pecuniarias, ni (lo más grave) las medidas para garantizar que no sigan sucediendo violaciones de derechos humanos.
La contumacia se ha mantenido hasta el presente, con el agravante de que el 10 de septiembre entra en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resuelta hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Venezuela se aparta del sistema regional de derechos humanos y se pierde la jurisdicción de la Corte Interamericana con una deuda por pagar a 268 víctimas que fueron amparadas por el máximo tribunal hemisférico, después de fracasar en el intento de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales.
Sólo por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias condenatorias, se deben $ 9.771.998,95.
La principal deuda está asociada a la impunidad. En todos los casos sigue pendiente el deber de investigar y sancionar a los responsables de los atropellos.
En 11 de las 15 sentencias, la Corte Interamericana demostró la violación de los derechos a garantías y protecciones judiciales.
En seis fallos se condenó al Estado por violación de los derechos a la vida y la integridad personal. Los daños en casos de muertes son irreversibles, sin embargo, la reparación se orienta a evitar que se repitan los hechos lesivos mediante la adopción de medidas correctivas y preventivas.
En esta materia el incumplimiento es total.
Ni siquiera los dos primeros casos (El Amparo y El Caracazo) han servido para que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la fuerza.
En otros cuatro casos fue comprobada la violación de la libertad de expresión y en tres más la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces venezolanos.
La única sentencia sobre violación de derechos políticos fue impulsada por el ex alcalde de Chacao Leopoldo López, a propósito de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Oídos sordos.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explica que la denuncia de la Convención Americana no tiene efectos retroactivos y que la Corte mantiene intactas sus facultades de supervisión del cumplimiento de todas las sentencias que ha dictado sobre Venezuela: “Recibirá información de las partes, convocará a audiencias y emitirá resoluciones hasta que haya cumplimiento cabal y completo. El Estado venezolano no se puede desentender; ningún Estado lo ha logrado”.
Ayala Corao lidera las acciones que ha desarrollado el movimiento de derechos humanos en Venezuela para detener la denuncia de la Convención.
Solicitaron la suspensión de sus efectos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero esta no ha dado respuesta.
En un comunicado publicado hoy, decenas de activistas y académicos alertan a la comunidad internacional: “La desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la Convención debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la Convención y 31 de la Constitución venezolana”.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello resume lo fundamental de las pérdidas: “Las víctimas ya no tendrán la posibilidad de ser escuchadas por un tribunal independiente donde ellas puedan decir su verdad. La madre de uno de los fallecidos en la masacre de El Amparo, una viejita que vivía en pobreza extrema, nos decía: ‘Yo no quiero plata, a mi hijo no me lo van a pagar como si fuera un becerro. Yo lo que quiero es que el Gobierno reconozca que mi hijo no era un guerrillero”.
Eloísa Barrios: “Me han matado 4 hermanos y 6 sobrinos”
“Cuando mataron al primero, a Benito, todos empezamos a huir de Guanayán. Allí vivíamos todos y estábamos pendientes unos de los otros. Ahora estamos regados por Charallave, Los Teques, Maracay y Valencia.
Lo peor es que los fiscales y jueces no han hecho nada para castigar a los culpables y nosotros seguimos en riesgo, nos siguen matando. No es cualquier cosa, me han matado 4 hermanos y 6 sobrinos.
El 16 de mayo de este año mataron al último, a mi sobrino Ronny Barrios. Si el Gobierno cumpliera con la sentencia de la Corte Interamericana los muchachos tendrían becas para estudiar, podríamos comprar unas casas para volver a vivir cerca y a todos nos tendrían que dar protección. Vivimos huyendo de los policías que nos han ido matando”.
Alejandra Iriarte: “Ya es muy difícil sobrevivir en este cerro”
“De esta casa se llevaron a Óscar. Los primeros día de enero de 2000, después de la tragedia de Vargas, el Ejército llegó por estos barrios con listas de supuestos delincuentes para exterminarlos.
Llegaron armados y destrozaron todo. En el juicio se demostró que Óscar fue entregado a la Disip. Todavía estamos esperando que alguien nos diga exactamente qué hicieron con él.
Ya yo no quiero saber nada de tribunales, lo que falta es que el Gobierno cumpla. Lo que más nos preocupa es que esta casa se está cayendo. Con la vaguada de 2010, el terreno se hundió más.
Ni siquiera porque mi hija es integrante de la selección nacional de volibol y jugó en las Olimpíadas de Beijing, nos han dado una casa. Ya es muy difícil sobrevivir en este cerro”.
Los dos puntos de quiebre
Al impulso del TSJ.
El 18 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable la sentencia que había dictado la Corte Interamericana por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
En esa oportunidad, el TSJ instó al Ejecutivo a denunciar la Convención Americana.
Díaz Peña, “el colmo”.
El ex presidente Chávez decidió formalizar la denuncia de la Convención Americana, después de que la Corte Interamericana dictó sentencia por la violación del los derechos de Raúl Díaz Peña, condenado por los atentados a sedes diplomáticas.
El Gobierno consideró el colmo que se le reprochara haber actuado contra un terrorista. (Edgar López/Yamis Urbano, El Nacional, 02.09.13)
