En la Gaceta Oficial del 2 de agosto del presente año, fue publicado el Decreto Presidencial mediante el cual se crea el Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar (Emfcm); cuyos integrantes fueron juramentados la semana pasada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Entre las atribuciones del Emfcm están:
- Impulsar mediante acciones estratégicas conjuntas bajo un alto grado de conciencia socialista y revolucionaria.
- La transformación de las zonas fronterizas, especialmente con las del territorio colombiano, que permitan el desarrollo social, económico, cultural y de integración de ese sector.
- Coordinar con el Poder Popular y las instituciones de los Poderes Públicos, las acciones necesarias para lograr su transformación.
El Ministerio Público, siempre en sintonía con las políticas del Estado en la lucha contra la criminalidad, se ha sumado a dicha iniciativa con la creación de una Coordinación contra los Delitos Fronterizos, que contará con dos fiscalías con competencia en esa materia en los estados Táchira y Zulia, las cuales estarán adscritas a nuestra Dirección General contra la Delincuencia Organizada.
Aunque el Ministerio Público no forma parte de las instituciones que integran el Emfcm, ante la complejidad de los delitos que ocurren en estas zonas, su actuación incide favorablemente en el combate eficaz de la delincuencia organizada que hace uso de las fronteras para cometer delitos, tales como contrabando de extracción de combustible y alimentos, legitimación de capitales, trafico de drogas, secuestro, robo y hurto de vehículos.
Es oportuno para el Ministerio Público sumarse a la lucha contra el delito fronterizo a través de fiscalías especializadas, porque esta problemática debe abordarse en forma contundente.
Por ello, estamos apoyando la propuesta del presidente Nicolás Maduro, en lo que respecta a la creación del Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar, coadyuvando en consecuencia a reducir la impunidad en esas áreas.
Es realmente vital que estos problemas sean abordados de manera integral por todas las instituciones; pero a su vez, deben activarse todos los mecanismos de cooperación entre los Estados vecinos, pues si se permite el avance de los hechos delictivos que ocurren en las fronteras, ocurrirían graves daños a la economía y a la estabilidad de los países involucrados. (Prensa Ministerio Público, 03.09.2013)
Fiscal General de la República.
