Una vez más, las organizaciones con servicios en el área del VIH/Sida solicitan dialogar con el más alto nivel de dirección del Ministerio de Salud, a fin de buscar soluciones conjuntas para las serias deficiencias de la respuesta nacional al VIH/Sida en el ámbito de la salud pública.
Por sus declaraciones recientes, se ha hecho evidente que la Ministra Iturria enfoca de manera equivocada lo que ocurre en el sector.
En el comunicado, las organizaciones presentan un diagnóstico actualizado:
1) 1.600 muertes por Sida y 11 mil nuevas infecciones por VIH ocurren cada año, la mayoría entre jóvenes de 15 a 24 años;
2) No existe campaña oficial para la prevención del VIH e ITS desde 2005;
3) No hay condones femeninos y masculinos para la población sexualmente activa;
4) Episodios de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales y de fármacos para infecciones oportunistas asociadas al Sida, afectando a más de 45 mil personas;
5) No hay reactivos para exámenes de anticuerpos contra el VIH, conteo de CD4/CD8, carga viral y genotipo;
6) No hay sucedáneos de leche materna para niñas y niños con VIH;
7) No hay datos epidemiológicos que permitan conocer el real comportamiento del VIH/Sida;
8) Estigma y discriminación por VIH acontecen en los ámbitos de salud, educación y laboral;
9) Insuficiencia presupuestaria para la respuesta en prevención, atención y tratamientos en VIH.
Además, recordaron a la ministra Iturria que gracias a acciones de las organizaciones, el 15 de julio de 1999, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Salud:
a) Entregar permanentemente los medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas, practicar las pruebas de laboratorio y brindar toda la atención integral que requieran las personas con VIH y Sida;
b) Procurar los recursos suficientes para la respuesta del VIH/Sida ante la Asamblea Nacional a través de la Ley de Presupuesto;
c) Desarrollar una política de información, tratamiento, y asistencia médica integral a favor de las Personas con VIH;
d) Hacer un estudio real de las necesidades prioritarias mínimas que requiere el Programa Nacional de Sida/ITS. En 2001, este mandato constitucional fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Respecto de las aseguradoras privadas a las que se ha referido en sus declaraciones la Ministra Iturria, las organizaciones señalaron que:
a) La obligación de la prestación de servicios de atención y acceso a tratamientos para las personas con VIH es del Estado Venezolano; referir a las personas a aseguradoras es promover la privatización de la salud pública; y
b) en el año 2007, el TSJ desestimó las denuncias hechas por organizaciones con servicios en VIH/Sida contra las cláusulas discriminatorias de las pólizas, aprobadas por la Superintendencia de Seguros.
El comunicado fue suscrito por 47 organizaciones nacionales, 6 redes internacionales y 12 activistas de derechos humanos.
Acción Solidaria
Centro de Información Nacional de VIH/Sida: (0212) 952.2009
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