En 2013 se vive un proceso inflacionario en Venezuela que afecta la implementación de políticas públicas para luchar contra la pobreza.
Analizar este fenómeno hoy implica incluir la perspectiva de derechos, y un aporte para ello está contenido en el análisis especial de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante el período 1997 – 2011, publicado en la más reciente edición de su informe anual, bajo el título “Inclusión en lo social, exclusión en lo político”.
En este material se evidencia que entre 1997 y 1999, aproximadamente, hubo una tendencia hacia la baja de la pobreza, producto de las medidas aplicadas por el Estado.
Pero desde 2006 en adelante, se observa la separación entre las líneas que indican la capacidad adquisitiva del salario y las que muestran el alza de precios en la Canasta Alimentaria Nacional (CAN), siendo éstas últimas las más elevadas, a pesar de los incrementos anuales del salario mínimo.
Aunque se mantiene una política laboral iniciada a mediados de los ’80, y que consiste en aumentar anualmente el salario mínimo mediante decretos dictados por el Ejecutivo Nacional, fuentes consultadas y en especial las oficiales, revelan retrocesos significativos en la capacidad adquisitiva de trabajadores y trabajadoras.
En el mencionado análisis de Provea, los incrementos a la remuneración se comparan respecto a su conversión en dólares (considerando la tasa oficial de cambio), y con relación a la evolución de los precios de los productos de la CAN. Las cifras indican cambios regresivos, como el debilitamiento de la remuneración al trabajo.
Esta contracción no es otra cosa que la falta capacidad y la limitación material del salario mínimo y de los sueldos en general, para garantizar la adquisición de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para una vida digna: alimentos, vivienda, salud, educación, vestido y calzado, así como el goce pleno de servicios esenciales como electricidad, transporte e incluso el acceso a la información y a la tecnología.
Evidentemente, el Estado venezolano está llamado a adoptar medidas para invertir la renta petrolera en mejorar la calidad de vida de la población y para controlar la inflación.
Como repitiendo la experiencia de 1996 cuando llegó al histórico 103,7%, la inflación crece en 2013. Devora salarios, controles de precios en productos, servicios, bienes muebles e inmuebles.
Algunas estimaciones auguran que pudiera llegar a un 50% en diciembre. El Banco Central de Venezuela señala que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), alcanzó 3% en el mes de agosto, acumulando de esta forma 32,9% en 2013.
El presidente del Instituto de Estadística de Venezuela (INE), Elías Eljuri, señaló esta semana que el salario mínimo alcanza apenas para la canasta alimentaria, al tiempo que fuentes oficiales indican su costo para el mes agosto de 2013, en Bs. 2.779,21 ($ 441,00 cambio oficial).
En septiembre entró en vigencia el segundo tramo del aumento al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, ubicándose en 2.702,73 bolívares ($ 429,00). Al comparar la variación neta de los precios de la CAN y el alza general acumulada, se concluye que el ajuste salarial resulta insuficiente.
El aumento del salario coincidió con el inicio del período escolar, pero un salario mínimo actual sólo alcanza para adquirir media lista de útiles.
Las cifras comentadas revelan severos problemas para acceder a bienes y servicios indispensables para una vida digna, por parte de una extensa franja de la población laboral del país, que devenga uno o dos salarios mínimos por familia.
