Altos niveles de crispación pudieran desembocar en situaciones de violencia.
Nadie en su sano juicio puede desear que se repitan hechos como el del Caracazo.
A menudo se nos acerca gente preguntando nuestra opinión sobre si estamos en Venezuela cerca de un estallido social o si éste es posible.
La pregunta, que debería causar sorpresa, se ha hecho ya cotidiana. La preocupación sobre un posible estallido crece día a día en un país que ya vivió una situación de ese tipo en 1989.
Es imposible responder contundentemente a esa pregunta de forma afirmativa o negativa. No somos profetas, y tampoco hubo nadie que advirtiera en los ochenta sobre la posibilidad de que ocurrieran los sucesos del Caracazo, que agarró a todo el mundo desprevenido.
Pero existe la posibilidad de analizar las condiciones que pueden encender la mecha. Hoy tenemos la experiencia y el aprendizaje que dejaron aquellos lamentables sucesos en un país que recién salía de una campaña electoral e iniciaba un nuevo gobierno que anunciaba medidas drásticas en el orden económico.
Más de uno, especialmente los responsables de la gestión del estado, deberían estudiar los antecedentes de aquel conflicto para tratar de minimizar las posibles causas de un estallido, entendiendo que el interés sea ese.
Las condiciones
Lo primero que debemos advertir es que Venezuela lleva largos años donde la agenda política de quienes nos gobiernan ha sido el norte de todas las acciones de gobierno y ha dejado de lado, o las ha supeditado a ella, al resto de exigencias.
Mantenerse en el poder ha sido más importante que conseguir resultados reales en la gestión de gobierno, más allá de las cifras oficiales, de las propagandas y publicidad gubernamental.
Como consecuencia de ello, vivimos una evidente crisis económica y unas muy altas tensiones políticas y sociales que se manifiestan a diario, algunas como protestas, otras como quejas en las colas en expendios de alimentos, gas, oficinas gubernamentales, etc. que, por cierto, han aumentado significativamente en los últimos tiempos.
Muchos ciudadanos que se sintieron protagonistas de un proceso o que se sintieron incluidos por el gobierno, manifiestan abiertamente su descontento y además sufren, como el resto de los ciudadanos, de los rigores de la escasez de productos básicos, de la inflación, de la crisis en los servicios públicos, o de la falta de atención por parte del estado.
Cada vez vemos con más frecuencia, saqueos de gandolas y camiones accidentados en las vías, o situaciones de violencia y enfrentamiento provocadas por motorizados, incluso cierre de autopistas por el simple hecho de “que llueve”, que indican ausencia de autoridad y un absoluto irrespeto de algunos ciudadanos a elementales normas y valores.
Además, la comunicación del gobierno con los interlocutores políticos y muchos actores sociales está rota, es prácticamente inexistente y existe un claro interés en acallar a medios de comunicación y por ende a quienes a través de ellos se expresan.
A todo esto hay que añadir el hecho de que el discurso gubernamental es confrontacional, de nuevo priva su agenda, y gira siempre en torno al hecho político, sin una mirada introspectiva y de revisión de las causas de la crisis.
Y si a hacer un diagnóstico vamos, no podemos obviar tampoco que dentro del gobierno mismo existen diferentes factores de poder incidiendo directamente en muchos de los aspectos que tocamos anteriormente con, posiblemente, intereses que solo a ellos incumben y, muy probablemente afectarían negativamente al resto de la sociedad.
¿Quién gana, quién pierde?
A pesar de que al Caracazo del año 89 le salieron padres muchos años después -de nuevo la agenda política-, lo cierto es que fue un hecho espontáneo y además, muy doloroso que dejó una profunda huella en el país y marcó, visto hoy a la distancia, un antes y un después en la vida republicana.
La actuación de las fuerzas militares y policiales durante la suspensión de garantías y la represión generada en los posteriores días fue desmedida, a pesar de que entonces el poder, mal que bien, tenía contrapesos y la situación de los medios de comunicación no era la que vemos ahora.
Hoy, 24 años después, todavía están impunes muchas de las muertes y desapariciones ocurridas en esos días.
Un posible estallido social, con hechos de violencia generalizada, saqueos, etc, “ameritaría” la salida del ejército a la calle y medidas especiales, como suspensión de garantías, toque de queda, etc.
En un país donde el Poder Ejecutivo no tiene contrapesos de ningún tipo y además donde se dice que existen pugnas o facciones dentro de la Fuerza Armada, puede ser un detonante para convertir un estallido social en estallido político.
Nadie ganaría con eso excepto, claro, quienes en ese momento controlen las armas, y por lo tanto “el orden”.
¿Es posible evitar un estallido social?
En manos de quienes tienen responsabilidades administrativas y de gobierno está la posibilidad de abrir canales de diálogo, mejorar las carencias de las que se quejan los ciudadanos, bajar el tono en el discurso y hablar claro sobre la situación económica que atraviesa el país.
Es indispensable que el gobierno deje de lado la agenda política, que la deben de llevar los partidos políticos todos, los de gobierno y los de oposición.
El gobierno debe establecer sitios de encuentro con las organizaciones políticas, sociales, con la gente, para cultivar mediante el diálogo sincero la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la población, desarrollando una comunicación directa y en dos vías que transmita confianza.
Para ello, debe reconocer que tiene enfrente a personas, oponentes o no, todos con los mismos derechos.
No basta decir que se está a favor de la Paz, hay que trabajar todos los días para conseguirla o preservarla. Nada mejor para evitar los conflictos que resolverlos antes de que se produzcan.
