Como un aval a la impunidad en la “Masacre de El Amparo” considera Provea que autoridades nacionales hayan obviado solicitudes de investigación contra el ciudadano Ramón Rodríguez Chacín, según el expediente uno de los presuntos autores intelectuales del hecho, y que el partido oficialista lo mantenga en cargos directivos en el estado Guárico.
Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.
Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar «fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a «Hipólito» –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento». El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.
Provea considera que la designación de Chacín como jefe regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Guárico, lo cual le confiere un especial protagonismo en la próxima campaña electoral significa un aval a la impunidad y es contradictoria con el discurso del partido de gobierno acerca de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado. Así como en su momento Provea solicitó las investigaciones acerca de las denuncias contra el diputado José Sanchez Mazuco por violaciones a los derechos humanos, seguiremos insistiendo en realizar averiguaciones oficiales en contra de funcionarios del gobierno señalados en delitos similares, como es el caso del diputado por el PSUV Roger Cordero Lara, autor material de la llamada Masacre de Cantaura. Además, como informa el sitio web del PSUV en Guárico, Chacín ha promovido la formación de milicianos y combatientes en la región para “defender a la patria”, lo cual puede generar potenciales violaciones a los derechos humanos.
El coordinador general de Provea Marino Alvarado conversó informalmente con la ciudadana Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz durante los actos realizados en honor del estudiante Noel Rodríguez en la Asamblea Nacional en febrero del 2013. La funcionaria se comprometió con Provea en visitar la población de El Amparo para conversar con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes, como ellos lo han venido solicitando en reiteradas oportunidades. Después de 8 meses, la Fiscal no ha honrado su compromiso, omisión que permite que uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en el pasado continúe en impunidad.
Sobre el caso de Rodríguez Chacín y la Masacre de El Amparo Provea exige a los poderes públicos:
1.– Que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció la obligación de elaborar un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos identificar, y en su caso, sancionar a los responsables. Este compromiso fue avalado por el país cuando era estaba bajo la jurisdicción de la CIDH, por lo cual aún continúa vigente. El Estado venezolano se había comprometido a entregar este calendario el pasado 25.0610 y aún no lo ha realizado.
2.- En cumplimiento de la Ley para Sancionar los crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual de la masacre de El Amparo.
3.- La Fiscal General de la República de respuesta a la solicitud realizada formalmente en agosto de 2009, y ratificada verbalmente por la funcionario en febrero del 2013, de reunirse con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes en la población de El Amparo para dar respuesta a sus demandas de acceso a la justicia.
