El pasado 29 de octubre se cumplieron dos décadas y media de la masacre de El Amparo.
En esa fecha fueron asesinados 14 pescadores en el sector caño la Colorada, cerca de la población de El Amparo estado Apure por efectivos militares y policiales que integraban el Comando Específico “José Antonio Páez” .
Constituye uno de los acontecimientos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia contemporánea del país.
También un ejemplo emblemático de impunidad, la misma que favorece las violaciones se repitan y afecten a otras familias.
Hay una deuda de justicia. Hubo una primera esperanza cuando el 14 de septiembre de 1996, es decir, ocho años después, la Corte Interamericana, sentenció ordenando al Estado de Venezuela investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
Igualmente indemnizar a las víctimas. Durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera se pagó el 95% de esas indemnizaciones y el año 2005 durante el gobierno del ex presidente Chávez el 5% restante. En los dos gobiernos sin embargo reinó la impunidad.
Una segunda esperanza llegó cuando se inició el proceso político que arrancó en 1999. La nueva dirigencia política prometió que se investigaría y condenaría a los culpables. Los años pasaron y ocurrieron hechos que daban una señal contraria.
Uno de los presuntos responsables intelectuales el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín fue nombrado por el presidente Chávez en dos oportunidades ministro del interior.
Otras señales contrarias se fueron sumando. Por una parte, una Defensoría del Pueblo con un discurso que cuestiona la masacre pero no realiza la más mínima acción con el propósito se adelanten las investigaciones.
Se usa políticamente el caso para demostrar un supuesto compromiso en la lucha contra la impunidad, mucho esfuerzo por copar centimetraje de prensa, pero nada concreto. Indolencia total.
Se agrega a esa actitud la de la Fiscal General. Mucho discurso, mucha promesa, nada efectivo. Igualmente indolente.
Desde el año 2009 los dos sobrevivientes de la masacre vienen reiteradamente solicitando una audiencia con la Fiscal. La respuesta: el silencio. Los familiares de las víctimas le han solicitado que viaje a la población de El Amparo y se reúna con ellos. Aún esperan.
En enero de 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano asumió el compromiso de hacer justicia.
La Corte ordenó al Estado hacer un cronograma de acción para adelantar tales investigaciones. Ese cronograma debió elaborarlo antes de junio de ese año. A la fecha no lo ha realizado,
Desde hace varios años venimos denunciando la actitud discriminatoria de la Fiscal con respecto a las víctimas de la masacre de El Amparo. Se avanza en otros casos, pero en éste no.
La Fiscal General tiene una alta responsabilidad por la impunidad reinante. Con esa conducta, contribuye a crear condiciones para la violación de los derechos humanos donde los más humildes son siempre los más vulnerables.
