El pasado 23 de noviembre de 2013 se celebró una vez más el Día Mundial para Acabar con la Impunidad. En el marco de esta fecha, durante todo el mes de noviembre se recordaron casos de ataques y agresiones a periodistas en los que las autoridades públicas no han hecho justicia exigiendo una adecuada investigación y sanción a los responsables.
Este día fue establecido por Ifex, red internacional de organizaciones que defienden el derecho a la libertad de expresión e información, de la cual nuestra organización forma parte.
Es dedicado principalmente a todos aquellos periodistas que son atacados, agredidos e incluso en ocasiones asesinados como consecuencia de la realización de su labor periodística.
En Venezuela ocurren frecuentemente ataques contra personas que ejercen su libertad de expresión. Casos como el de los 12 periodistas brutalmente agredidos de la Cadena Capriles el 13 de agosto de 2009, la agresión al camarógrafo César Fuentes, y las amenazas contra los periodistas Luis Carlos Díaz, Jesús Torrealba, Alonso Moleiro, el bloguero Guillermo Baena, la caricaturista Rayma Suprani y el defensor de DDHH Humberto Prado, son sólo ejemplos de impunidad en Venezuela[1].
El pasado 23 de julio de 2012, la Comisión Nacional de Protección de Periodistas (Conapro) le solicitó al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público, a través de una petición de información, el estado de las investigaciones y actuaciones desplegadas por dicho ente para sancionar a los responsables de las agresiones y amenazas contra periodistas y comunicadores.
Esta comunicación nunca obtuvo respuesta, a pesar de las insistencias realizadas y un recurso de abstención hecho ante la instancia judicial correspondiente.
Dentro del respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la Constitución Nacional, estos ataques no deben ser tolerados, y deben ser debidamente investigados y sancionados. Una apropiada investigación y sanción de los responsables lleva no sólo a la justicia para el caso concreto, sino que además crea un precedente de seguridad que alienta el trabajo periodístico e inhibe la repetición de este tipo de acciones.
La impunidad genera responsabilidad internacional para el Estado, aun cuando se trate de crímenes cometidos por delincuentes comunes que no sean agentes estatales.
Por estas razones solicitamos al Estado venezolano que:
1.- Investigue y sancione de forma diligente, responsable y expedita los casos de agresiones, amenazas y ataques contra periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y medios de comunicación.
2.- Mantenga una política de transparencia en sus actuaciones y provea información de forma proactiva y regular sobre los casos referidos contra periodistas y las estadísticas de resolución de los mismos.
3.- Promueva el respeto de los derechos humanos, principalmente el de la libertad de expresión e información como una herramienta fundamental para la democracia. (Prensa Espacio Público, 02.12.13)
