Que, ante los hechos acaecidos el día miércoles 04 de diciembre de 2013, donde funcionarios del gobierno Ecuatoriano (Intendencia de Policía de Pichincha), ejecutaron una orden para clausurar las instalaciones de la Fundación Pachamama contemplada en el Acuerdo Nº 125 del Ministerio de Ambiente, se evidencia la criminalización de la que son objeto las y los defensores de derechos humanos, quienes trabajan por defender y promover los derechos de los pueblos indígenas.
Que, esta resolución representar un atentado flagrante no solo a los derechos de libre asociación, trabajo y expresión, sino una violación a los derechos que tiene las comunidades y pueblos indígenas de contar de forma incólume con defensores y patrocinadores en cada los conflictos que atraviesan.
Que, como sucede en varios de los países la tendencia hegemónica del poder funciona con una lógica de intolerancia y discriminación sobre quienes disienten de las políticas y medidas que adopta el gobierno de forma contra-democrática, cada vez más profundas en actos, actitudes y ahora de manera frontal para aplacar y acallar a quienes considera por la estructura de poder que adopta como “enemigos”.
Que, los hechos de amedrentamiento que fueron objeto los compañeros/as de la Fundación Pachamama extralimita el accionas de la orden gubernamental, pues el uso de la fuerza pública no representa legitimidad cuando no se ha agotado las instancias de diálogo entre las partes, lo cual demuestra el rasgo totalitario del gobierno de Ecuador sobre las estructuras sociales de las cuales forman parte activa las organizaciones de la sociedad civil, con mayor énfasis aquellas comprometidas y dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Que, la resolución gubernamental de clausurar y cerrar una organización de la sociedad civil, basada solo en conjeturas legales diseñadas y adoptadas para tal fin, viola el derecho a la disidencia, el de la réplica y el de resistencia a regímenes donde la violación de derechos humanos en una forma de hacer política y gobierno, aspectos que dañan la democracia tan luchada y sacrificada en América Latina.
Que, no aceptamos por ningún motivo la falsa acusación de hacer injerencia en las políticas públicas y de atentar contra la seguridad interna del Estado y la paz pública.
Que, tal decisión ya consumada por el gobierno Ecuatoriano que deja en total estado de indefensión a las organizaciones que trabajan con Fundación Pachamama en cuanto a sus trámites, demandas y compromisos, tiene la intencionalidad premeditada de cercenar las reivindicaciones y demandas de los pueblos indígenas frente a la ronda petrolera, por la cual se entregarán en concesión recursos naturales no renovables a empresas transnacionales, omitiendo el derecho de la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que son titulares de los territorios donde se harán las exploraciones y explotaciones.
Que, las políticas extractivistas del Estado de Ecuador no son otra cosa que la viva expresión de un nuevo capitalismo de estado y del modelo de desarrollo primario exportador, por el cual interesa vender las materias primas para la generación de la renta, sin consideras en un plano de sustentabilidad ambiental y económica a los derechos de la Naturaleza y del medio ambiente, siendo con ello violador de la Constitución Política del Estado no solo viabilizada por el gobierno, sino por las fuerzas sociales que la proyectaron como son los pueblos indígenas.
POR TANTO,
RESOLVEMOS:
1. Repudiar la actitud retrograda del gobierno de Ecuador de operar la clausura de la Fundación Pachamama sin justas razones, sin otorgar el derecho al pleno ejercicio de defensa y sin permitir la demostración de pruebas de descargo.
2. Exigir la inaplicación del Decreto 16 que limita el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos en territorios indígenas afectados por la explotación de los recursos naturales, operado por simple orden del gobierno nacional.
3. Denunciar a la opinión pública internacional del menoscabo a los derechos de la libertad de asociación protegidos en la Constitución Política del Estado, misma que no pueden por principio de legalidad y primacía constitucional estar por debajo de lo que señala un decreto o reglamento o norma similar.
4. Convocar de forma amplia a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de derechos humanos a iniciar una cruzada y campaña por defender nuestra posición firme de continuar con esta vocación y compromiso desde cualquier trinchera y de forma unida.
5. Determinar lucha legal y social inclaudicable hasta que los derechos vulnerados, individuales y jurídicos, de la Fundación Pachamama se repongan y se den las disculpas y garantías que el caso amerita.
6. Solicitar la colaboración de las organizaciones indígenas para estar atentos ante otras medidas dictatoriales y les pedimos se sumen a nuestra lucha, que al final es nuestra lucha históricamente compartida.
7. Solidarizarnos con todas nuestras energías con las y los compañeros de la Fundación Pachamama, organización fundadora de nuestra red.
Dado a los cinco días del mes de diciembre de 2013.
COMITÉ DIRECTIVO RAMA
Iván Bascopé, Coordinador RAMA
Ramón Laborde, RAMA Colombia
César Gamboa, RAMA Perú
Luis Bello, RAMA Venezuela
Ricardo Verdum, RAMA Brasil
Marco Mendoza, RAMA Bolivia
