La tranquilidad con la que vivían los Yanomamis llegó a su fin en la década de 1980, cuando la fiebre por el oro explotó en plena Amazonia y trajo a más de 40.000 mineros ilegales que sistemáticamente establecieron un negoció que sigue devastando una gran parte de la zona.
Al norte de Brasil y al Sur de Venezuela, los Yanomamis están distribuidos en alrededor de 250 comunidades en un territorio que alcanza los 19 millones de hectáreas, o lo que es igual a cuatro veces el tamaño de Suiza.
Es esta la zona, en la actualidad, la etnia indígena sobrevive a la explotación de los recursos naturales que causa enfermedades, envenenamiento, agresiones, violaciones y persecuciones a quienes se opongan.
Andrés Blanco, coordinador general de la ONG Yanomami Horonami, denuncia que la selva se ha convertido en un verdadero peligro para sus habitantes, debido a que “cada vez hay más mineros, y nosotros como pueblo sabemos quiénes son, cómo trabajan y dónde exactamente tienen sus maquinarias”.
El líder indígena agrega que la violencia que viven se refleja de diferentes maneras. La más común es a través de explotación laboral, ya que los Yanomamis más jóvenes terminan siendo los “caleteros” de los mineros ilegales, quienes entregan alguna prenda de ropa o una lata de comida tras largas y forzadas jornadas de trabajo.
“También traen enfermedades, nos golpean, violan a nuestras hijas. Todo esto está acabando con nosotros, a los Yanomamis nos están matando poco a poco, ya hemos muerto muchos, muchos hermanos”.
La ONG Survival Internacional calcula que en la actualidad unos 1.000 buscadores de oro trabajan ilegalmente en la tierra yanomami. Entre las consecuencias está la transmisión de enfermedades mortales como la malaria y la contaminación de los ríos y los bosques con mercurio. La salud de los yanomamis se ve perjudicada y la atención médica crítica no llega hasta ellos, especialmente en Venezuela.
La situación ha reunido a las organizaciones indígenas de ambos países el pasado 11 de octubre en Puerto Ayacucho (Amazonas, Venezuela). Del encuentro publicaron una carta abierta en la que resaltaron: “La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde se han instalado campamentos mineros ilegales que producen violencia, epidemias, destrucción de nuestras tierras y contaminación de los ríos (…) No es posible tener buena salud si no tenemos nuestro territorio protegido”.
“No sabemos cuántos hermanos Yanomamis han sido asesinados, envenenados. Son más de 250 comunidades que para llegar hay que estar más de un mes viajando por río y caminando por la selva. Eso hace que sea un trabajo difícil” añade Andrés Blanco.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación ante la situación que vive del pueblo Yanomami, particularmente por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las comunidades indígenas habitantes en esa zona. En un comunicado al Estado venezolano recomendó “que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que se dan en la zona”.
Survival Internacional afirma que los mineros ilegales provienen de Brasil, otros son venezolanos y de los países de los alrededores. Estos buscadores de oro son autónomos: van por su cuenta y no forman parte de compañías o multinacionales mineras.
Investigar para denunciar
Blanco informó que en la actualidad hay tres grupos de 10 líderes Yanomamis investigando en la zona, con el fin de poder traer pruebas sobre el crecimiento de la minería ilegal en los territorios indígenas.
“Traeremos fotografías, vídeos y todo el material que sea necesario para interponer la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la propia Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”.
En este sentido, la Fiscalía Superior del Estado Amazonas explicó que en una acción coordinada con varias instituciones están recabando pruebas para castigar judicialmente a los mineros ilegales, que por la Ley de Ambiente deben pagar condenas de mínimo seis meses de prisión.
José Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia) desconfía de que el gobierno reciba las pruebas con objetividad o que dicte castigo a los responsables. Él cree que el Estado ha satanizado las denuncias impuestas hasta el momento.
“Hay implicación de los propios militares en este negocio de la minería ilegal, es un negocio que beneficia a la gente del poder, así que las veces que han ido a investigar sólo ha sido por dos o tres días, no profundizan ante un tema tan extenso. Y cuando insistimos en seguir denunciando, entonces nos satanizan, el propio gobierno señaló que los Yanomamis estaban pagados por Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. ¿Esto es normal o coherente por parte de un gobierno?”.
En una de las últimas visitas que realizó el Estado venezolano a la zona, los representantes de la ONH Horonami estuvieron presentes y denuncian que durante el recorrido: “Vimos los campamentos de mineros ilegales, vimos pasar una avioneta, vimos una pista clandestina, vimos algunos garimpeiros huyendo de la comisión que caminaba por la selva (…) Los efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía que venían en la comisión, también fueron testigos de esto”.
De esta visita no hubo detenidos, ni intervenciones en el lugar, según datos reflejados por el Ministerio de Interior y Justicia.
Minería gubernamental
La última amenaza para los yanomamis de Venezuela procede de la empresa china CITIC, con la que el Gobierno venezolano ha firmado un acuerdo de 700 millones de dólares para la exploración mineral en el Arco minero del Orinoco, en los estados de Amazonas y Bolívar.
Según la Secretaría de Ambiente del Estados Amazonas, la empresa CITIC tiene prevista la construcción de cinco campos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas, incluso en Ocamo, que yace en el corazón del territorio yanomami.
Survival internacional considera que el Estado necesita comprometerse mucho más con los Yanomamis: consultarlos, escucharlos e involucrarlos en los proyectos sanitarios y territoriales. Y los movimientos indígenas exigen al gobierno que revise urgentemente el proyecto minero y sus políticas indígenas.
