Terminamos el 2013 con perspectivas inquietantes en materia económica para el nuevo año que, como sabemos, no prevé ningún evento electoral nacional. En nuestra cultura política estos eventos dan lugar a que en el período de la campaña se postergan decisiones del interés nacional, se disfrazan las realidades e incluso se dan escenas parecidas a las de la hora loca de un evento festivo… música, pitos, gritos y regalos.
Lo señalado es un elemento central del contexto para la toma de decisiones económicas por parte del Gobierno. Esto a su vez apareja dos consecuencias centrales sobre las relaciones de trabajo. Una por ser el Gobierno el principal empleador, y quien carga a cuestas con compromisos laborales que vienen generando tensiones con sus trabajadores, ya sea por incumplimiento de lo firmado o acordado, o por postergar negociaciones con sus servidores, quienes aspiran revisiones de sus condiciones de trabajo, aspiración legítima en un contexto inflacionario como el existente.
La otra importante consecuencia de las decisiones que en materia económica tome el gobierno son las repercusiones en los privados, sean los empresarios y sus empresas; así como en los trabajadores y sus empleos, condiciones de trabajo y condiciones de su vida familiar.
Las decisiones económicas que se avizoran las impulsa el creciente déficit fiscal que en el presente año alcanzará entre el 13-15%. El gobierno gasta más de lo que le ingresa, a pesar de los muy buenos precios petroleros.
Compárese que cuando se elaboró el presupuesto de este año que concluye, se fijó el déficit fiscal en 3.9%. Cierto que el presupuesto nacional ha perdido precisión para ser una referencia transparente del comportamiento administrativo gubernamental.
Véase que se presupuestan los ingresos para el 2014 con un barril de petróleo a US$ 60, cuando se ubica al menos un 60-70% más arriba. El déficit fiscal se fija en 4.5%. Ante esta realidad suena el ruido de una devaluación inminente, así como se anuncia desde las altas esferas oficiales la subida del precio de la gasolina, y es de esperar otras medidas que incidirán en el ambiente laboral de los privados, sean empresarios o trabajadores.
El déficit fiscal vs derechos laborales
Es oportuno destacar que los países europeos que vienen experimentando dificultades económicas severas, como España, Grecia, Irlanda y Portugal, ninguno alcanza los niveles de déficit fiscal que hemos tenido en Venezuela en los dos últimos años.
¿Cómo podrán encarar esta situación los trabajadores? Lo primero que ha de señalarse es que la organización de los trabajadores ha venido resintiéndose de los efectos de las políticas públicas, y particularmente las laborales, de estos últimos años.
Resultado de ello es la fragmentación del movimiento, y más grave es que ello ocurre en un marco de la vigencia de un cuadro regulatorio adverso al desenvolvimiento libre y autónomo de estas organizaciones, dada las restricciones imperantes.
Mírese el juicio que se ha seguido contra el dirigente Rubén González quien atendió sus responsabilidades como secretario general de su sindicato en Ferrominera, al reclamar el cumplimiento patronal del convenio colectivo, y por ello estuvo preso un año y medio, luego de ser sentenciado a siete y medio años; la presión del sindicalista logró que se le siguiera un juicio penal en libertad, pero con el absurdo de hacerlo venir desde su lejana Ciudad Piar a Caracas, una o dos veces cada mes.
Su caso es un icono de cómo desde el poder se trata la acción sindical autónoma.
Un esfuerzo de agregación y coordinación entre las diversas organizaciones y tendencias que activan en el movimiento de los trabajadores es una necesidad en el escenario planteado. Por ello es plausible y se corresponde con esa dirección la gestión judicial que acaban de hacer, al solicitar la nulidad de varios artículos que en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, atentan contra la libertad sindical.
El más urgente de los asuntos cuestionados es el del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales que dio un plazo que fenece este 31 de diciembre, con la amenaza de disolver a aquellas organizaciones que no se registren.
Esta gestión ha sido promovida por todas las corrientes y organizaciones que activan en el sindicalismo venezolano, con la salvedad de la central promovida por el gobierno. Hay que destacar que por años, quienes promovieron la solicitud no realizaban acciones conjuntas de esta naturaleza e importancia.
Los esfuerzos de agregación y coordinación como el destacado tendrán que repetirse en acciones no sólo de tipo judicial, sino también en el quehacer de las propias relaciones laborales, porque ha quedado evidenciado que múltiples organizaciones y corrientes promoviendo conflictos, haciendo grandes esfuerzos para el accionar cotidiano cada una por su lado, no han sido suficientes para detener los niveles de deterioro de las condiciones laborales, a pesar del enorme ingreso petrolero que el país ha recibido.
Debatir cómo se encarará la crisis fiscal implica formular algunas interrogantes para el futuro cercano, como ¿qué medidas tomará el gobierno? ¿Qué papel jugarán los trabajadores y sus organizaciones en la construcción de esas medidas, serán consultados? ¿Sobre quiénes recaerá el costo de la resolución de la crisis? ¿Pagarán la crisis quienes han despilfarrado los recursos de todos? ¿Hacia dónde apuntar la mirada para buscar vías para la resolución de la crisis?.
Todo parece indicar que será un año definitorio en el papel que ha de jugar movimiento de los trabajadores.
