La realización de los derechos humanos requiere, entre sus condiciones indispensables, la existencia de la vida. No obstante, ello resulta insuficiente si no está acompañado por un entorno que garantice además, la preservación de la integridad personal. Esto implica contar con un ambiente social capaz de brindar posibilidades a una vida humanamente digna.
Por ello, el tema de la inseguridad personal en Venezuela, ha sido un eje central para el desarrollo de debates en las altas esferas del gobierno del Estado, conducentes a la formulación e implementación de políticas públicas conducentes a cumplir con el deber sacro santo de garantizar a la población en primer lugar, la vida y luego, en correspondencia con los mandatos constitucionales, el disfrute del conjunto de los derechos humanos.
Desde hace unos cuantos años, el país ha venido siendo testigo del lamentable incremento de las cifras que revelan los niveles de inseguridad personal. En 1991, por ejemplo, el entonces Fiscal General de la República, Escovar Salom, criticaba al entonces Presidente Carlos Andrés Pérez, por su ineficacia para enfrentar los homicidios perpetrados por la delincuencia, cuando la tasa era de 13%.
En la actualidad resulta innegable la sobrevivencia de este flagelo. La tasa de homicidios ha crecido al punto de ubicarse en 79% y una serie de medidas importantes, pero aún insuficientes, se han adoptado. Como una “bofetada” ha sido calificado por el Presidente Maduro el crimen de la actriz Mónica Spear y su esposo.
Desde Provea hemos asumido durante muchos años, la consigna de la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos. Formulamos llamados insistentes a la tolerancia, a las prácticas inclusivas por parte del Estado y al diálogo, especialmente entre el gobierno y las organizaciones que son expresión viva de la sociedad. Ello como plataforma imprescindible para la paz, para la vida y para la convivencia.
Hoy creemos necesario reiterar que la lucha contra la inseguridad personal debe involucrar aspectos de la lucha contra la pobreza, pero también acciones que eleven la eficacia, la celeridad y la independencia del Poder Judicial. La rápida ubicación de los delincuentes en el caso Spear y en otros, donde un crimen afecta la vida de figuras públicas o importantes, evidencia que hay capacidad policial.
Esperamos que no sea a través de la militarización, sino de la humanización de la sociedad venezolana, que la inseguridad personal vea descender significativamente sus cifras en Venezuela.
