En Provea valoramos la importancia de la Misión “A Toda Vida Venezuela”, como política pública formulada desde la lógica de atacar las causas que generan la inseguridad personal y la delincuencia. Esta Misión aborda el tema de la prevención como su eje central y postula entre sus enunciados, la coordinación entre los organismos públicos competentes.
Por estar enfocada a garantizar una vida plena en el disfrute de los derechos humanos para toda la población del país, es necesaria la puesta en práctica de esta política, sin más dilación, ni discursos. Ejecutarla es la verdadera respuesta a la crisis provocada por la exacerbación de la delincuencia en el país.
La Misión se define “como una política integral de seguridad pública, con alcance nacional y especial atención a los 79 municipios con mayor incidencia delictiva. Su objetivo es transformar los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana”.
Su objetivo es salvaguardar los derechos de las personas frente a situaciones que incluyen pero trascienden la ocurrencia delictiva, según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución… “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Esta política no considera que la inseguridad se resuelve, solamente, con más policías, más cárceles o endureciendo las leyes penales para criminalizar conductas o aumentando penas. Propone mejorar el funcionamiento de la administración de justicia penal y la institucionalidad penitenciaria, y adoptar políticas de atención y reparación a víctimas de la violencia.
Tampoco criminaliza la pobreza, ni a la gente pobre. Al contrario, valora el peso que la violencia tiene en la vida de los sectores populares y aboga por la promoción del respeto y por la garantía de los derechos civiles y de los derechos sociales.
Uno de sus componentes fundamentales es la investigación, aprehensión y sanción de delincuentes y redes delictivas involucradas en crímenes que afectan a la población y generan gran daño social. Considera imprescindible que en su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación, participen las comunidades organizadas.
Ahora bien, la gran pregunta es por qué, a más de un año de haberse promulgado esta política, muchos hechos delictivos siguen amparados por el manto de la impunidad y haya un repunte en la criminalidad, sobre todo homicidios.
En Provea asumimos la consigna de la lucha contra la impunidad pues este flagelo contribuye a la violación de los derechos humanos. El cese de la impunidad implica elevar la eficacia y efectividad de la administración de justicia, Ministerio Público y cuerpos de seguridad del Estado. De otro lado, resultan impostergables modificaciones estructurales que garanticen la independencia del Poder Judicial.
Provea insiste en llamar a la tolerancia y al diálogo, especialmente entre todos los niveles del gobierno y las organizaciones sociales, para lograr paz social con democracia, y mejorar nuestra convivencia.
Esperamos por la ejecución de la Misión “A Toda Vida Venezuela”.
María Esperanza Hermida / Coordinador de Exigibilidad de Provea
