«La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares».
Con esta advertencia inició la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe «Garantías para la independencia de los operadores de justicia», que publicó ayer, con la cual quiso dejar en claro la importancia de que en la región hayan jueces, fiscales y defensores públicos autónomos, capaces de ejercer un «efectivo control» sobre «los actos del poder público» y que hagan «posible investigar, castigar» a los responsables de crímenes contra las garantías fundamentales.
Sin embargo, en el reporte quedó claro que la situación del continente está muy lejos de ese ideal y que los miembros del sistema de justicia en el grueso de los países laboran en ausencia de garantías que «aseguren una actuación independiente, tanto en un nivel individual como de las instituciones en las que trabajan».
Venezuela, por supuesto, no escapa a esta situación y así lo reflejó el documento, en el cual se menciona que una de las principales debilidades que sufren los tribunales, el Ministerio Público y la Defensa Pública es la provisionalidad.
«La provisionalidad indefinida y en ausencia de garantías de estabilidad para un operador de justicia conlleva el riesgo de que tome sus decisiones sólo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo, generando por lo tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los procesos, sin temor a represalias», afirmó el organismo en el documento, de páginas 112, difundido en San José (Costa Rica).
La Comisión recordó también que en 2012 ningún juez fue nombrado mediante concurso de oposición, tal y como lo ordena la Constitución; y pidió que esto cambie, pues «los Estados están obligados a asegurar una actuación independiente (de los jueces, fiscales y defensores públicos) y, por ello, deben otorgarles estabilidad y permanencia en el cargo».
En 2009, el Gobierno le informó al organismo que en el país había 1.896 jueces, de los cuales 936 (40,3%) eran titulares y 960 (50,64%) provisorios, temporales o transitorios; es decir podían ser removidos de un momento a otro sin procedimiento alguno. ¿La razón? Desde 2006 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha celebrado ningún concurso para otorgarle la titularidad a los jueces.
Sin embargo, esta cifra se ha incrementado en los últimos cinco años fundamentalmente por dos razones: La suspensión de jueces titulares en el marco de procedimientos administrativos abiertos por supuestas irregularidades, los cuales son reemplazados por provisorios; y por la apertura de nuevos tribunales.
La situación en el Ministerio Público y en la Defensa Público es aún peor, pues allí la provisionalidad ronda el 100%. Sin embargo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en 2012 comenzó a tomar medidas al celebrar los primeros concursos en el organismo que dirige y para este año prometió que hará lo mismo con las más de 160 fiscalías que hay en Caracas.
Por su parte, el defensor público general, Ciro Araujo, anunció en diciembre que en 2014 también comenzará a entregarle la titularidad a los defensores mediante concurso.
Las críticas de la CIDH se producen tres semanas después de que la organización estadounidense The World Justice Project publicara su Índice sobre Estado de Derecho, en el cual la justicia penal venezolana quedó el puesto 97 de entre 97 países evaluados. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 06.02.14)
