El OVCS exhorta a los poderes públicos del país a realizar una investigación expedita y oportuna ante los hechos. Además, exige garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad.
(Caracas, 13.02.14)-. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) rechaza los hechos de violencia en contra de manifestantes pacíficos en Venezuela. Lamenta las pérdidas humanas ocurridas en las últimas horas.
El miércoles 12.02.14 se realizaron grandes movilizaciones pacíficas en las principales ciudades de Venezuela, en conmemoración del día de la juventud y para exigir al gobierno nacional la garantía de derechos humanos como la seguridad ciudadana, libertad de expresión y participación en asuntos políticos. Las manifestaciones fueron convocadas en su mayoría por jóvenes y estudiantes universitarios y secundadas por organizaciones políticas, de la sociedad civil y ciudadanos.
En la tarde y noche del día miércoles el OVCS registró el asesinato de al menos (3) tres personas en el contexto de las manifestaciones pacíficas, identificados como Juan Montoya (40), Bassil Dacosta (24) y Roberto Redman Orozco (28), por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados, presuntamente pro gobierno, que actuaron impunemente ante la mirada de las autoridades presentes en los sitios de protesta. También registró una fuerte represión a protestantes pacíficos con un saldo de al menos 78 detenidos y 167 heridos en todo el territorio nacional.
En los primeros 12 días de febrero de 2014 se han incrementado las protestas pacíficas en Venezuela. El aumento de la protesta de calle ha tenido como respuesta gubernamental la ejecución de prácticas sistemáticas de represión y criminalización. En este corto tiempo se han contabilizado al menos 113 personas detenidas y 224 heridas durante el ejercicio del derecho humano a la protesta pacífica, incluyendo a trabajadores, sindicalistas, estudiantes universitarios y dirigentes políticos.
Ante estos hechos, el OVCS expresa su preocupación y denuncia la consolidación de la política de criminalización de la protesta en Venezuela y el uso sistemático de la represión por parte de la fuerza pública para responder a las demandas pacíficas de los venezolanos en las calles. Asimismo, denunciamos la presencia de civiles armados pertenecientes a bandas paragubernamentales, que agreden a manifestantes opositores al gobierno y que actúan en la mayoría de los casos, con permisividad o complicidad de funcionarios del Estado y representantes de cuerpos de seguridad.
El OVCS también ve con preocupación la afirmación hecha por el presidente de la República Nicolás Maduro, en horas de la noche del miércoles 12.02.14, en cadena nacional de radio y televisión, donde afirmó: “he ordenado asegurar las principales ciudades del país y quien marche sin permiso será detenido”. Desde el OVCS se reitera que el derecho a la manifestación pacífica solo puede ser prohibido en un contexto de suspensión de garantías constitucionales. Por otra parte señala que para ejercer el derecho humano a la protesta no hay que pedir permiso, solo se debe notificar a las autoridades civiles competentes. Considera que este tipo de declaraciones promueve los conflictos y aumenta las tensiones en el país.
Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se exhorta a las autoridades gubernamentales a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad.
El OVCS exige el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Por esta razón, en el marco del Estado de Derecho, el OVCS exige a los poderes públicos ejecutar las siguientes medidas:
1. Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por la muerte de los 3 manifestantes, así como de los 78 detenidos y 167 heridos. De igual manera, sugiere adelantar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades de los funcionarios que hayan incurrido en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.
2. Garantizar que los organismos de seguridad acaten el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas.
3. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
4. Respetar y garantizar las disposiciones de las Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial 39657, del 15.04.11. Este instrumento jurídico establece que “la actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en las reuniones públicas y manifestaciones, se orientan entre otros, por los siguientes principios: respeto y garantía del derecho a la vida; promoción de medios alternativos de resolución de conflictos; uso progresivo y diferenciado de la fuerza; carácter civil de las acciones realizadas por los funcionarios policiales. Asimismo, “Investigar a funcionarios y funcionarias que incurran en la violación de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones (Art. 7 nº 11), incluyendo al Director del organismo (Art. 8 nº 7 y 8)”.
5. Promover el dialogo y reconciliación nacional en los diferentes ámbitos del país.
Coordinación General
Observatorio Venezolano de conflictividad Social (OVCS)
