La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes que el Ministerio Público tiene abiertos hasta la fecha 336 expedientes de investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos hace 25 años, cuando el 27 de febrero de 1989, el pueblo se levantó contra el neoliberalismo del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en una acción popular conocida como El Caracazo.
«Estos expedientes contienen casos por uno o más fallecidos, es decir que 336 investigaciones corresponden a 336 sucesos», precisó la fiscal desde el Monumento a El Caracazo, erigido por la Alcaldía de Caracas en la entrada del Cementerio General del Sur, en honor a los caídos.
Durante un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión, Ortega Díaz recordó que a partir del nacimiento de un nuevo Estado, con la llegada al poder del Comandante Hugo Chávez, se pudo ejecutar una serie de acciones para hacer justicia a las víctimas y sus familiares.
En 2009 se realizó la exhumación e individualización de 125 osamentas en fosas comunes ubicadas en el Cementerio General del Sur de Caracas, en un área denominada La Peste; el Ministerio Público ha acusado un total de nueve personas por el delito de homicidio intencional calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, siete de ellas se encuentran en fase de juicio, menos el expresidente Carlos Andrés Pérez, quien falleció.
Otra de las iniciativas del Estado para reivindicar a los víctimas ha sido la indemnización a sus familiares.
Un primer procedimiento se realizó en 1999, cuando Hugo Chávez, como presidente, reconoció los hechos de lesa humanidad del 27 y 28 de febrero de 1989 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que permitió la indemnización de 182 personas.
A partir de esa fecha, el Ejecutivo ha compensado a 616 familiares de la víctimas de El Caracazo. El proceso más reciente se realizó el pasado jueves con 114 personas.
«Como garantes y respetuosos de los derechos humanos, convencidos de que esa es la vía para avanzar en una sociedad justa y amante de la paz, seguiremos trabajando para esclarecer estos hechos de El Caracazo, sancionar a los responsables, porque estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la atención a las víctimas y el acompañamiento en todo lo que requieran», manifestó.
A pesar del que el gobierno de CAP reconoció una cifra cercana a 700 personas fallecidas y desaparecidas durante la revuelta, las asociaciones defensoras de derechos humanos afirman que la cifra alcanza un aproximado de 3.000 venezolanos que perdieron al vida durante los hechos.
Tras 25 años de El Caracazo, cientos de familias venezolanas desconocen el paradero de parientes y amigos que desaparecieron en medio de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Estado de esa época contra el pueblo. (AVN, 28.02.14)
