Ante la difusión del informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta de las autoridades estatales ha sido unánime: el rechazo virulento. La mayoría de las argumentaciones, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, especulan sobre sus presuntas motivaciones políticas y lo enmarcan dentro de una campaña internacional de descrédito contra el país. A su vez, las opiniones recurren a la estrategia de desacreditar al mensajero sin debatir honestamente el propio contenido del mensaje. El principal razonamiento, como bien lo ventiló la propia Gabriela Ramírez en el comunicado emitido por su despacho, es la presunta aprobación de la CIDH del golpe de Estado ocurrido en abril del año 2002 en Venezuela. Al asumir el discurso oficial la Defensoría del Pueblo borra las fronteras que lo separan del poder Ejecutivo, lo cual de por sí es preocupante. Sin embargo, repetir esta falsa matriz de opinión por parte de los funcionarios y funcionarias que en teoría deberían garantizar los derechos de todos y todas las venezolanas enciende todas las alarmas. Ramírez omite el hecho de que en 24 horas la CIDH emitió medidas cautelares de protección a Tarek William Saab, debido a su irregular privación de libertad durante los sucesos. Por otra parte, el 13 y el 15 de abril la Comisión emitió dos pronunciamientos en donde no se duda de calificar al gobierno autoerigido durante la jornada como de facto.
Otro argumento recurrente es el de la supuesta lesión de la soberanía nacional. El informe de la CIDH no es una intromisión de un organismo extranjero en los asuntos del país. La Comisión tiene el derecho y el deber de realizar dicho monitoreo como parte de las obligaciones que se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual es una labor admitida por el Estado venezolano desde el momento que ratificó dicho tratado internacional. En este punto hay que recordar que nuestro país ha suscrito más de 80 convenios internacionales en materia de derechos humanos los cuales, como lo ratifica la Carta Magna redactada en 1999, son de obligatorio cumplimiento dentro de nuestras fronteras. Por esta razón quienes han sugerido la ilegitimidad de la CIDH para realizar sus labores se ponen de espaldas a la Constitución. Además el propio presidente Chávez, en una visita realizada a Washington en el año 2000, exhortó a la Comisión a contribuir con el monitoreo y mejora de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Una tercera tesis es la que acusa a la CIDH de elaborar un informe recurriendo a fuentes indirectas. Estas opiniones olvidan deliberadamente que desde el año 2002 la Comisión ha solicitado a las autoridades visitar al país para corroborar personalmente las diferentes denuncias, y que esta posibilidad ha sido sistemáticamente negada por el gobierno venezolano. La presencia en el país de la Comisión perfectamente pudo haber sido utilizada por el Ejecutivo para exponer sus razones, demostrar sus avances en materia social y explicar sus políticas en materia de derechos humanos. Este tipo de visitas, denominadas “in loco”, han sido realizadas por la CIDH en situaciones álgidas como la interrupción del hilo constitucional en Honduras. En este sentido, el único país comparable a Venezuela en su rechazo venenoso a los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos es Colombia.
Lo adecuado, democrático y coherente es analizar las observaciones de la Comisión, evaluar las recomendaciones y adoptar medidas adecuadas para implementarlas. Aquellos aspectos del informe y recomendaciones que el gobierno no comparta tiene el pleno derecho de cuestionar y criticar, incluso de manera pública, usando los mecanismos institucionales que la Organización de Estados Americanos ha establecido para realizar dichas observaciones. La conducta descalificatoria es parte de la intolerancia oficial que muestra frente a la crítica a su gestión, y de la cual lamentamos que la Defensoría del Pueblo se haya convertido en un apéndice. Sin embargo, nunca es tarde para rectificar. Gabriela Ramírez aún puede hacer valer su papel y ponerse al lado de las defensa de los derechos vulnerados por la ciudadanía, cuyos ejemplos puede conseguir relatados en el informe de la CIDH. Por citar una región, en Guayana diferentes conflictos relacionados con las condiciones de trabajo esperan por la intervención de la Defensoría. Para comenzar por un caso emblemático, la Defensoría debe restaurar las garantías procesales flagrantemente vulneradas en el caso del dirigente sindical de Ferrominera Rubén González. La serie de situaciones que lo han llevado a estar privado de libertad en la sede de Patrulleros del Caroní escandalizarían a un estudiante del primer año de derecho.
Nuestra recomendación a Gabriela Ramírez, sus asesores, y al resto de funcionarios del Estado es que lean el propio informe de la CIDH, haciendo énfasis en las recomendaciones. Su lectura puede aportar insumos incluso a gobernadores y alcaldes, tanto del gobierno como de la oposición, para el diseño de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos. Los ciudadanos y ciudadanas del país merecen una conducta sincera y responsable en la materia.
Rafael Uzcategui (Correo del Caroní, 01.03.10)
