El 03.06.99 el soldado Wildre Granado presentó ante Provea una denuncia contra sus superiores del Batallón de Cazadores Nº 736 «Coronel Genaro Vásquez», donde prestaba el servicio militar obligatorio, a quienes acusó de haberlo torturado.
El soldado Granado informó que se había fugado del cuartel junto a 2 soldados más en virtud de que recibía intensos y constantes maltratos por parte de sus superiores al tiempo que manifestó su deseo de continuar prestando el servicio militar.
Ese mismo día Provea, solicitó la investigación de dichas denuncias así como también la implementación de medidas por parte de la instancia castrence para garantizar el regreso de Granado a las filas del ejército con la garantía de que no sería ni maltratado ni sancionado.
Para Provea, la evasión de los soldados no podía calificarse como delito, puesto que tal acto fue ejecutado bajo estado de necesidad para preservar su integridad física y su vida. Por tal razón no podían ser sancionados ni sometidos a tribunales militares, pese a que la deserción es un delito tipificado en la legislación castrense.
El 04.06.99, Granado, acompañado por Provea, se presentó en la sede del Ministerio Público para interponer la denuncia. Al siguiente día se presentó ante la ahora extinta Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional (CN), con la finalidad de denunciar también los hechos ante dicha instancia.
Después de haber realizado estas denuncias, Provea se comunicó con la Dirección de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas para informarle sobre el caso y las diversas gestiones realizadas hasta el momento. Asimismo le informó al director de dicha Comisión, el Coronel Nelson Daniels, que el soldado deseaba presentarse con el objeto de que tal instancia escuchara sus denuncias e investigara los hechos, así como que se le garantizara que no sería de nuevo maltratado. En este sentido, Provea coordinó con la Comisión de Diputados del CN la presentación del soldado.
El 14.06.99 Wildre Granado Gutiérrez, acompañado por 2 diputados, un abogado de Provea y sus padres, se entregó ante la Comisión de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Allí, Daniels se comprometió a que se realizarían las investigaciones correspondientes y dio garantías de que Granado no sería sancionado ni mucho menos maltratado.
Después de varios días, Provea comprobó que Granado recibió buen trato y que se iniciaron las investigaciones y con ese precedente preparó la entrega de Joe Delpino, otro de los soldados evadidos, quien se presentó posteriormente el 21.06.99 acompañado de sus padres. Ante este caso cabe indicar que la Comisión de Derechos Humanos de la Fuerzas Armadas nunca entregó informe sobre el proceso llevado a lo interno.
Granado culminó su servicio militar sin ningún contratiempo. El Ministerio de la Defensa (MD) cumplió con su compromiso de no iniciar ningún tipo de proceso judicial por la presunta deserción y de garantizar la integridad del joven.
Por su parte, Provea mantuvo contacto con los familiares de los soldados durante todo el tiempo de prestación del servicio militar.
Documentos relacionados con este caso:
– Carta enviada el 07.06.99 por Provea al Coronel Daniels para informarle sobre la denuncia del soldado Granado.
– El peligro de servir militarmente a la patria. Técnicas de maltrato utilizadas al interior de los cuarteles militares (tomado de la edición octubre 1998/septiembre 1999 del Informe Anual de Provea sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, págs. 74 y 75).
