Con la presencia de más de 150 trabajadores, estudiantes y dirigentes sociales de todo el país, se realizó este 21.03.14 en los espacios del Colegio de Ingenieros de Caracas, el primer Encuentro Nacional de Luchadores Sindicales y Populares como un esfuerzo inicial para la articulación de las luchas y la construcción de un espacio común de encuentro, debate, opinión y acción que trascienda la polarización política y rescate el tejido de solidaridad entre quienes luchan por mejores condiciones de vida.
Este evento organizado y convocado por la Corriente Clasista Revolucionaria y Autónoma (CCURA) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) acompañadas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), contó además con la asistencia de organizaciones sociales y de trabajadores como el Colectivo El Libertario, Ruptura, Opción Obrera, Barricada, El Topo Obrero, Liga de Trabajadores por el Socialismo, la organización wayúu Wainjirawa, La Guarura.net, el Comité de DDHH de la Guajira y la breve pero valiosa presencia de los representantes de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), así como de otros luchadores independientes y estudiantes de distintas casas de estudio.
Marino Alvarado, Coordinador General de Provea dio inicio al encuentro con una exposición sobre las formas como el Estado venezolano ha criminalizado la protesta y las distintas expresiones de lucha de los trabajadores y los movimiento sociales, explicó que mediante la aprobación de leyes restrictivas y el afianzamiento de la mentalidad represiva, se pretenden limitar derechos y enjuiciar a quienes protestan en el país.
Alvarado resaltó que alrededor de 4600 personas han sido sometidas a procesos penales desde el año 2002 hasta el presente, por haber participado en protestas o haber encabezado diversas formas de lucha pacíficas, para reclamar el reconocimiento de derechos.
Solo entre febrero y marzo de 2014, la cifra de personas enjuiciadas por protestas supera las 1500, la mayoría de ellas estudiantes, pero también vecinos, dirigentes comunitarios y ciudadanía en general.
El Coordinador de Provea, destacó la importancia de impulsar la unidad en medio de la diversidad con apego a valores democráticos y con respeto a la pluralidad de pensamiento. Expresó la intención de Provea de promover la amnistía de todos los luchadores enjuiciados por luchar y protestar, y dejó claro que la intención de esta ONG no es sustituir el protagonismo de las organizaciones sindicales o populares, sino contribuir a su fortalecimiento y coadyuvar en la recomposición del tejido unitario para el rescate de la necesaria autonomía de estas organizaciones.
Seguidamente, José Bodas, Secretario General de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) tuvo a su cargo la segunda ponencia del encuentro.
Bodas, quien actualmente está siendo juzgado por los Tribunales del estado Anzoátegui luego de ser detenido por la GNB por participar en una Asamblea de trabajadores en la refinería PDVSA- Puerto La Cruz, insistió en que una de las principales banderas del sindicalismo venezolano es exigir un aumento general de sueldos y salarios, y actuar con plena independencia frente a los patrones públicos y privados.
Asimismo, fue enfático en reivindicar el derecho constitucional a la protesta pacífica como mecanismo legítimo de los trabajadores y el pueblo en general para reclamar y defender derechos frente a los posibles atropellos u omisiones de los patronos y del Estado.
El sindicalista también señaló que debe denunciarse cualquier tipo de injerencia extranjera en los asuntos del país, y mencionó los intereses que países como EEUU, Cuba, China, España y Rusia poseen en Venezuela, debido a los contratos y negocios que han hecho con el gobierno nacional. Llamó a visibilizar la agenda de luchas de todo el pueblo para derrotar los intereses de las empresas transnacionales y los aliados internacionales del Estado venezolano.
En esta fase del evento, Elpidio Rojas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), cerró la ronda de ponencias. Rojas, desmintió que Venezuela esté atravesando una «revolución», y resaltó la importancia de construir un movimiento de los trabajadores unificado y autónomo, que impulse un plan general de luchas y movilización para defender las conquistas del sindicalismo venezolano y rechazar el intervencionismo del Estado a través del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MPPTRASS) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la vida interna de las organizaciones sindicales.
Posteriormente, luego de realizase un minuto de silencio en memoria de todos los asesinados en protestas, se dio inicio a las intervenciones de los asistentes, quienes desde distintas visiones enriquecieron el debate, puntualizando en denuncias y situaciones concretas, y haciendo propuestas sobre cómo superar la atomización de los movimientos sociales y trabajar por la unidad de los mismos.
Mención aparte merece la intervención de las organizaciones indígenas que acudieron al encuentro.
José Quintero Weir, profesor de la Universidad del Zulia, y Luis Sandoval miembro del Comité de DDHH de la Guajira, tomaron la palabra para denunciar la militarización del territorio wayúu en el estado Zulia y rechazar los efectos de la criminalización contra estas comunidades que se ha traducido en atropellos, detenciones arbitrarias y el asesinato a manos del Ejército y la GNB de 29 indígenas wayúu, desde el 2010 hasta la presente fecha.
Weir propuso crear espacios libres regionales para la acción política con autonomía, y habló de la necesidad de construir otra visión desde abajo. Por su parte, Sandoval, enumeró los distintos atropellos contra la población de la Alta Guajira venezolana que han ocurrido –fundamentalmente- desde la creación del Distrito Militar de la Alta Guajira en 2010.
Sandoval dijo que la supuesta lucha contra el contrabando solo ha servido para satanizar a los wayúu y justificar la represión contra estos, dejando de lado las verdaderas causas del fenómeno del contrabando y obviando las responsabilidades de altos funcionarios del Estado quienes, en su opinión, son los principales beneficiarios de la “mafia del contrabando”.
Asimismo, ambos advirtieron que al pueblo wayúu se le está “matando de hambre” al impedírsele el acceso a alimentos de la cesta básica, y se les viola el derecho al libre tránsito al limitársele su libre desplazamiento por la región.
Otras intervenciones apuntaron a denunciar el falso control obrero sobre las empresas expropiadas, defender la libertad sindical como un principio básico para la defensa de derechos laborales, a denunciar la represión del gobierno del Presidente Nicolás Maduro contra quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica, a denunciar la situación de los jubilados del país, la crisis económica, la mora en la discusión de los contratos colectivos vencidos, y a la necesidad de establecer un mecanismo de diálogo con el sector estudiantil para acompañar sus luchas, haciendo nuevamente énfasis en la necesidad de rescatar la autonomía de las mismas, tanto del gobierno como de los partidos políticos.
Mesas de trabajo.
Tras una pausa, el debate se organizó en 10 mesas de trabajo donde los asistentes pudieron discutir a más profundidad las distintas propuestas que se hicieron. Luego de dos horas de trabajo en las mesas, se realizó una discusión plenaria, en la que se alcanzaron acuerdos en alrededor de 40 puntos, referidos a elementos para la acción y la organización.
En cuanto a las acciones inmediatas, los asistentes acordaron trabajar por la realización de una marcha el próximo 10.04.14 y jornadas de protesta a nivel nacional el próximo 01 de mayo, dotando a ambas de un carácter autónomo y combativo y cuyas principales consignas sean la exigencia de una Ley de Amnistía para todas las personas sometidas a juicio por luchar y protestar, un Aumento General de Sueldos y Salarios y denunciar y rechazar los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el empresariado, que pretende cargar en hombros del pueblo, la crisis económica causada por el despilfarro, la corrupción y el irresponsable manejo de la economía.
Asimismo, acordaron emprender la lucha contra la criminalización de la protesta y el derecho a huelga en Venezuela; por la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y contra el alto costo de la vida; contra la militarización de la sociedad; por el establecimiento de una escala móvil de salarios y el pago de las prestaciones sociales adeudadas a miles de trabajadores del país; por el respeto a las libertades democráticas y el rechazo a la represión contra los trabajadores y el pueblo en general, así como la disolución del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), y la apertura de investigación para determinar las responsabilidades de los asesinatos de dirigentes sociales, indígenas, trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general, ocurridos en el marco de manifestaciones o para acallar las voces de quienes luchan y denuncian los atropellos del Estado y los patronos privados; exigir el definitivo avance en los procesos de demarcación de territorios indígenas y defender su derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, entre otras.
En el aspecto organizativo la plenaria acordó impulsar la construcción de una fuerza alternativa y popular frente a la polarización, la realización de encuentros regionales para ampliar el debate y las propuestas alcanzadas en este primer encuentro y la organización de un congreso nacional de trabajadores cuyo objetivo sea la convocatoria final a una huelga nacional por aumento de salarios y contra la represión y la violencia del Estado.
Provea felicita y apoya la iniciativa de las diversas organizaciones sindicales y sociales que se dieron cita en este evento y destaca la enorme significación que tienen estos espacios en el contexto actual. Para nosotros este es un gran paso por la unidad del movimiento popular venezolano, se debe insistir en trabajar por la construcción de una agenda unitaria de luchas que permita a las y los trabajadores y al pueblo en general, trascender la polarización política, aislar los sectarismos, y avanzar en la conquista y reconocimiento pleno de los derechos democráticos para todas y todos. (Prensa Provea)
