Mediante detenciones arbitrarias por parte de la policía política, el gobierno de Nicolás Maduro intenta amedrentar a los trabajadores de la Red de Abastos Bicentenario (Rabsa) para que no exijan la discusión de su contrato colectivo, vencido desde el año 2008.
La empresa estatal Rabsa fue creada luego de la compra por parte del gobierno de Hugo Chávez de la mayoría accionaria del consorcio Cativen.
Miembros de la directiva del Sindicato Bolivariano Nacional de Trabajadores de Empresas Procesadoras, Almacenadoras y Distribuidoras de Alimentos (Sinbonatra), denuncian que han sido víctimas de persecución por parte del gobierno, así como el desconocimiento de varias cláusulas del contrato colectivo.
El contrato se encontraba ya vencido al momento de la compra ejecutada por el gobierno, pero lejos de mejorar las condiciones laborales, empeoraron.
Luego de una asamblea de trabajadores realizada el 12 de febrero en El Abasto Bicentenario Nuevo Litoral, en el estado Vargas, los sindicalistas Juan Montilla, Denis Muñoz y Jonathan Yulden, fueron secuestrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Posteriormente se introdujo contra Yulden una calificación de despido y se les ha abierto procesos judiciales a algunos sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores, como en el caso de Claudia Pontiles, trabajadora del Abasto de Tamanaco. (Publicado en LaClase.info)
