«Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia».
Paul Auster
Trabajadores y trabajadoras, acudieron a la Inspectoría del Trabajo a presentar su denuncia por el incumplimiento por parte del patrono de su derecho al salario.
Realizaron la denuncia y luego de algunos días le indicaron que no podían llevar a cabo ningún procedimiento. Entonces, ¿quién responde?, ¿la denuncia no sirve de nada?
Muchas veces nos encontramos con resultados insatisfactorios después de hacer una denuncia. En algunos casos se debe a la ineficiencia e indiferencia de las autoridades, otras al temor, otras a la complicidad.
La gente se siente indefensa ante el hecho y comienza a dudar del sistema de administración de justicia. Arrojando como saldo negativo que la persona no desee denunciar, generándose algo mucho más atroz como la impunidad.
En este sentido radica la importancia del derecho a la justicia, permitiéndoles a las personas acceder a los órganos de administración de justicia y exigirles al Estado que efectivamente ponga a disposición de la ciudadanía mecanismos idóneos que permitan resolver los conflictos que se originan de la vida social de forma eficiente, imparcial, independiente.
Simplemente se le asigna al Estado la responsabilidad de implementar políticas para el respeto, protección y garantía de este derecho.
Nuestro propia carta magna detalla dentro de los principios fundamentales, la relevancia de la Justicia, señalando lo siguiente, Artículo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.(subrayado nuestro).
En resumidas cuentas, para poder hacer efectivo cualquier derecho humano, es fundamental conocer el alcance del derecho a la justicia, como elemento previsto en nuestro ordenamiento jurídico y así lograr la exigibilidad de derechos. Adicional a ello, se aspira, que los administradores de justicia, sean justos, honestos, independientes, reflexivos, responsables, dispuesto a sumir la labor que le corresponde, entre muchos otros atributos.
Por todo esto, solo nos queda decir que es indispensable seguir trabajando por la justicia, denunciando ante todas las instancias judiciales y administrativas pertinentes al hecho. Si callamos y no denunciamos, la impunidad continuará.
