En los últimos cinco años, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha contabilizado 21.493 protestas en el país, de las cuales 5.984 actividades (37%) tienen que ver con derechos laborales.
La violación de contratos colectivos, la criminalización de la protesta, la apertura de procesos judiciales contra dirigentes sindicales, entre otras agresiones a la libertad sindical, son el eje de las demandas. Muchas de ellas sin respuesta ni atención debida por parte de las autoridades.
Esta situación ha mantenido en alerta no solo a sindicatos y trabajadores, sino también a organizaciones no gubernamentales que ven con preocupación un incremento de los conflictos laborales en Venezuela ante la falta de respuesta del Ejecutivo.
Las lesiones a los derechos laborales han sido expuestas a los organismos nacionales e internacionales, a la espera de que se instale en el país un diálogo social amplio para revisar la situación.
Recientemente, el Observatorio de Conflictividad Social, Provea y la Alianza Sindical Independiente (ASI) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación a la contratación colectiva, el derecho a huelga y la libertad sindical.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, solicitó al organismo la elaboración de un informe sobre el derecho a la protesta pacífica y la democracia en Venezuela, que la Comisión -a través de la cooperación de la OIT- promueva el respeto al derecho a las convenciones colectivas y el cese a la criminalización de la actividad sindical y que se exhorte al Estado a abstenerse de aplicar figuras penales para restringir el derecho a la manifestación pacífica.
Carlos Patiño, director de Derechos Humanos de ASI, consideró que el Gobierno debe dar respuesta a las necesidades. Calificó de gran importancia el texto que pueda emitir la CIDH, tanto así que el Estado fue de contraparte a la reunión en Washington. «Venezuela sigue bajo el sistema interamericano de derechos humanos», resaltó. Patiño apuntó que si bien ha habido progresividad de los derechos individuales, no ha sido así en los colectivos. «Cuando limitas el derecho colectivo, podrás tener muchos derechos individuales pero no hay quién te los defienda», dijo.
Recordó que el contrato marco de la administración pública va a cumplir diez años sin discutirse, las elecciones sindicales no son autónomas y la Ley del Trabajo tiene más de 100 artículos que controlan la actividad sindical.
